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La evidencia de que hay barreras a la competencia en el servicio público de transporte de carga llevará a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a iniciar una pesquisa en los estados del país donde se encontró esa situación, advirtió el titular de la Autoridad Investigadora de dicha instancia, Carlos Mena.
Tal y como ocurrió en Sinaloa, donde se encontraron barreras para competir, dijo que en adelante se podrían ejercer las mismas facultades “para analizar los problemas que hay en otras entidades y, si encontramos los elementos suficientes para iniciar investigación, elaboraremos un dictamen”.
En el caso del estado de Sinaloa, el número de permisos existentes no se ha incrementado, lo que provoca que la antigüedad del transporte agrícola sea de 35 años y de 27 años en la construcción, explicó el funcionario.
La situación que se observa en diversas entidades es que hay restricción de permisos de zona y son reducidos por titular.
“Esto se junta con las facultades de las autoridades estatales para modificar tarifas, limitar los permisos, e incluso incentivan acuerdos entre prestadores del servicio, lo que ocasiona que los usuarios tengan mayores costos al adquirir el servicio de transporte, y una menor calidad, menos variedad y alternativa, además de reducir el potencial de inversión.
Al final del día, este problema redunda en afectación a empresas y consumidores”, explicó el funcionario Mena.
Detalló que hay 18 entidades del país en las que se identifican barreras a la competencia en el transporte de carga, de acuerdo con la investigación realizada en el estado de Sinaloa.
Así, se observan restricciones en el número de concesiones o permisos por titular en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
En Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Sonora y Tabasco se prohíbe que los agentes económicos se provean a sí mismos el servicio de transporte, ya que se les obliga a contratar un servicio externo.
Además, hay permisos en los que se autoriza la prestación del servicio únicamente en zonas geográficas determinadas en diez entidades: Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán.
En Tabasco y Chiapas se puede suspender “de forma discrecional” el otorgamiento de concesiones o permisos, mientras que en otros cinco estados se pueden fijar o modificar tarifas.
Además, en 12 entidades hay criterios de preferencia “poco objetivos” para favorecer a los locales en el otorgamiento de concesiones.
Según el análisis, en otras cinco entidades se fijan reglas y, con ello, se propician conflictos de interés pues se permite a los privados participar en procesos para definir regulaciones.
En el caso de Sinaloa, dijo que el “marco normativo a dicho sector genera efectos anticompetitivos que perjudican a los consumidores de este servicio, particularmente a agricultores y constructores, que en algunos casos pagan hasta 40% más, lo anterior debido a que se ha generado una concentración de 50% en el mercado”.