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Fitch Ratings aseguró que la Política Nacional de Inclusión Financiera, presentada esta semana por el gobierno federal, tiene potencial para incrementar el crédito en el país, si los seis ejes en la que está basada tienen una rápida ejecución.
“Aunque el objetivo de alcanzar una penetración del crédito privado equivalente a 40% del PIB es retador, una pronta ejecución de esta política podría apoyar la tendencia positiva en el crédito al sector privado y a traerlo más cercano al objetivo del gobierno hacia 2018”, consideró.
En la reforma financiera aprobada en 2014, el gobierno se fijó como reto al finalizar esta administración aumentar el crédito hasta alcanzar el equivalente a 40% del PIB, meta considerada por los analistas complicada de alcanzar ante las condiciones del acceso a crédito en el país.
“Independientemente de si se consigue el objetivo de 2018 o no, Fitch considera positiva esta política, teniendo en cuenta su posible contribución a las perspectivas de crecimiento sostenible a mediano plazo de los préstamos”, añadió la firma.
Este martes, el presidente Enrique Peña Nieto presentó seis puntos para avanzar en la inclusión financiera, basados en el desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero; uso de innovaciones tecnológicas; desarrollo de infraestructura en zonas desatendidas; mayor acceso y uso de servicios financieros formales, y mayor confianza en el sistema financiero y mediciones para evaluar los esfuerzos de inclusión en el país.
En ese sentido, Fitch aseguró que la extensión de servicios financieros a la población de bajos recursos puede ampliarse a través de un uso mayor del modelo de corresponsalías, esquema con el cual una institución financiera ofrece sus servicios a través de alianzas con comercios para llegar a zonas donde resulta costoso operar con una sucursal formal.
Sobre el aumento de la tecnología como punto clave en la inclusión financiera, Fitch Ratings destacó que el mayor uso de teléfonos móviles puede servir para alcanzar zonas rurales o semiurbanas a través de la oferta de servicios financieros móviles, lo que ha probado ser atractivo en otros países de América Latina.
“Sin embargo, esto todavía está en una etapa inicial y aunque se realizan pruebas piloto por instituciones financieras, no se espera una dispersión de crédito masiva a través de estos canales en el corto plazo. La regulación y supervisión de estas operaciones podría ser más costosa y haría más lenta su expansión”, dijo.
