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A partir de 1982, las finanzas públicas de nuestro país se centralizaron, de modo que los estados y municipios cedieron parte de sus potestades tributarias a favor de la Federación. A cambio, comenzaron a recibir recursos, basados en ciertos cálculos que, entre otras variables, consideran la situación general de rezago de las entidades subnacionales (Ramo 33), así como su población y eficiencia recaudatoria (Ramo 28).
Con el tiempo, los recursos transferidos por la Federación resultaron insuficientes para hacer frente a los gastos en salud y educación de muchos estados, los cuales, para salir del paso, empezaron a financiarse a través del endeudamiento. Entre 2006 y 2015 la deuda pública de las entidades federativas aumentó 235%, cifra que equivale a un crecimiento anual promedio de 14%. En el mismo lapso, el PIB nacional tuvo un crecimiento promedio de 2.1 %.
Si bien algunos estados como Ciudad de México, Nuevo León o Estado de México tienen montos de deuda mayores a otras entidades, considerar el monto absoluto como parámetro de un elevado o bajo nivel de endeudamiento puede ser un criterio arbitrario y, por ello, conviene construir indicadores relativos que consideren las capacidades de los estados para generar flujos de efectivo, tales como la razón deuda - ingresos totales y deuda como porcentaje del PIB estatal. De acuerdo a estos indicadores, siete entidades federativas aparecen dentro de los primeros 10 lugares en ambos casos: Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz, Nayarit y Sonora. Estos estados representan los focos rojos del país.
Las razones subyacentes que explican el elevado endeudamiento de los estados se pueden agrupar en dos categorías: la primera es de índole económica y está relacionada con la disminución de los ingresos federales. La segunda tiene una génesis política y se relaciona con el alto nivel de opacidad con la que se manejan algunas administraciones gubernamentales y la falta de controles en los topes de endeudamiento.
¿La deuda estatal representa, actualmente, un riesgo para las finanzas públicas? Si bien la deuda conjunta de todos los estados del país representa 3.1% del PIB nacional, que comparado con otros países como Argentina o Brasil es un porcentaje bajo, el nivel de deuda de las entidades federativas sí representa un riesgo o al menos debería encender varios focos rojos por las siguientes razones: 1) en algunas entidades federativas como Chihuahua y Quintana Roo, la deuda es cercana al 10% del PIB estatal, mientras que como porcentaje de sus ingresos anuales llega a representar el 100%; esto limita su planeación presupuestal, así como el uso de recursos para futuras administraciones; 2) en pocos años la deuda ha mostrado un crecimiento exponencial, muy superior al PIB de la mayoría de los estados; 3) el endeudamiento no se ha utilizado completamente para financiar la inversión productiva, tal como lo establece el Artículo 117 de la Constitución, incluso destacan casos como Coahuila, Chihuahua y Nuevo León cuya deuda aumentó, entre 2006 y 2014, 8,950%, 520% y 282%, respectivamente, mientras la inversión productiva disminuyó 20.83 %, 57.6% y 75% .
Tal como ocurre con las finanzas personales o empresariales, la deuda no es mala si se emplea para generar mayores flujos de ingreso en el futuro. No obstante, el problema de muchos estados es que al no haber existido controles reales, ni topes de deuda, durante mucho tiempo ésta creció a niveles casi inmanejables y se utilizó para financiar el gasto corriente, en vez del gasto productivo, aunque en el peor de los casos, el dinero terminó parando dentro de las fortunas personales de “caciques” regionales.
Precisamente con el objetivo de dotar de mayor transparencia y controles al endeudamiento, el pasado miércoles 27 de Abril, se promulgó la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios que, sin abundar en ella, entre algunos puntos destacables incorpora un sistema de alertas tempranas, establece controles con base en un techo de financiamiento y la aprobación de dos terceras partes del congreso local, contempla la conformación de reservas para atender gastos imprevistos y la facultad del Gobierno Federal para otorgar garantías al endeudamiento de estados y municipios.
Naturalmente, la nueva Ley representa un paso importante para atemperar el superedeudamiento de los últimos años, pero no se puede decir que con ella el problema ya esté resuelto. Es importante que la economía crezca a niveles que permitan generar recursos suficientes para las crecientes necesidades de estados y municipios; que las mismas entidades subnacionales generen flujos de ingresos que permitan pagar en el mediano plazo sus niveles de deuda, con base en una planeación adecuada que de prioridad a la inversión productiva; y, que se erradique la corrupción y opacidad en el manejo de las haciendas subnacionales. Estos objetivos no se consiguen de un día a otro, tan sólo con la promulgación de una Ley. Se requiere un verdadero cambio en el rumbo económico del País y en la forma en que se administran los recursos públicos.
*Presidente de Consultores Internacionales S.C.
