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A tres días de que se revelara el caso Panama Papers, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que investiga a 33 personas relacionadas por mantener inversiones en ese país, considerado paraíso fiscal.
“Treinta y tres casos son los que estamos viendo, algunos de ellos incluso tienen auditoría abierta, la mayoría tiene que ver con actividades empresariales; por la complejidad de los casos en algunas situaciones podría durar hasta dos meses para conocer si utilizaron algún mecanismo legal para pagar sus impuestos y a partir de ahí la auditoría podría tardar de 12 a 24 meses”, explicó Aristóteles Núñez, jefe del SAT, en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.
Precisó que encontraron de la lista de mexicanos que se menciona en la indagatoria del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que 18 tienen una auditoría abierta, aunque no dio nombres.
Dijo que hasta el momento no han sido notificados por ser procedimientos internos de primera fase.
Núñez mencionó que existe el programa de retorno de inversiones que fue aprobado por el Congreso de la Unión el año pasado como parte de los incentivos fiscales.
Se trata de un mecanismo mediante el cual los mexicanos con inversiones en el extranjero, y que no declararon al fisco la existencia de las ganancias obtenidas, pueden regularizar su situación. Aunque recalcó que el programa es únicamente para recursos de procedencia lícita.
El mecanismo está vigente sólo hasta junio de este año, aclaró el funcionario. “Lo único que hace este programa, es que se evita una contingencia penal, en caso de no acudir a ese programa la autoridad tiene la reserva de llevar a cabo esas auditorías”.
Piden acciones. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, pidió al jefe del SAT investigar a los personajes vinculados al escándalo Panama Papers, pues de comprobarse origen ilegal de los fondos debe promoverse la extinción de dominio.
Zambrano, acompañado de diputados y dirigentes del PRD, se entrevistó ayer con Aristóteles Núñez, a quien expresó la preocupación de su partido porque pudiera aplicarse una suerte de “amnistía fiscal o de permitir el regreso de esos capitales sin importar su origen”.
Luego de que se conociera que empresarios, funcionarios y criminales mexicanos habrían invertido en paraísos fiscales vía la firma panameña Mossack Fonseca, Zambrano demandó una investigación y eventual proceso para que los recursos, si son ilegales, se queden en las arcas del Estado mexicano.
