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La caída de los precios del petróleo dejó en evidencia el desequilibrio estructural que Petróleos Méxicanos (Pemex) inició hace años y que la ha llevado a hundirse y perder 30% de su producción.
La complicada situación financiera y de liquidez que atraviesa la antigua empresa paraestatal ha llevado al gobierno de Enrique Peña Nieto a aprobar dos ajustes al gasto de 162 mil millones de pesos (8 mil 130 millones de euros al cambio actual) y un rescate de 123 mil 500 millones de pesos (6.236 millones de euros) en los últimos 12 meses, para sanear la compañía y ponerla en condiciones de competir en un mercado abierto.
Y es que la reforma energética permite a las petroleras internacionales operar en México, lo que implica que Pemex tendrá competencia por primera vez en 78 años, obligándola, a reducir su tamaño, gastos y ganar flexibilidad para ser rentable.
Pemex, que perdió 30 mil 315 millones de dólares en 2015, después de que se sus ingresos cayeran 37% y los gastos subieran, aprobó a finales de febrero un segundo recorte de 100 mil millones de pesos (5 mil millones de euros) y nombró un nuevo director general, José Antonio González Anaya, con el objetivo de reducir la obesidad en su aparato productivo.
El plan de ajuste incluye un nuevo recorte de plantilla (en 2015 se eliminaron 14 mil 333 puestos de trabajo, dejándola con 145 mil 741 empleados), el cierre o aplazamientos de proyectos y pozos no rentables, la venta de activos, búsqueda de socios privados y la migración de contratos a los nuevos sistemas para ser flexibles.
La última semana de abril se va a celebrar una reunión del Consejo de Administración de Pemex, en la que se tiene que aprobar medidas sobre los ajustes y la reestructuración.
Por un lado, se replanteará las relación con el sindicato ya que la elevada plantilla (utiliza más empleados que ninguna otra petrolera para producir un barril) y los elevados costes no le permiten competir en un marco de apertura de mercado y bajos precios. A su vez, la empresa tiene que hacer un ajuste para replantearse sus prioridades (explotación y producción) y el objetivo es que sea más pequeña y eficiente. Se ha puesto sobre la mesa la venta del negocio de fertilizantes, de etileno o de los activos como los complejos petroquímicos. También se plantea la entrada de inversionistas privados.
El 'rescate' del gobierno. Además de los recortes al gasto, la semana pasada, la Secretaría de Hacienda de México dio a conocer las medidas de apoyo del gobierno federal a Pemex que consiste en una inyección de 73 mil 500 millones de pesos y la modificación del régimen fiscal que le permitirá una mayor deducción de costes y reducir el pago de derechos (impuestos) que tiene que realizar al Ejecutivo cada año.
Esta medida ajusta el precio promedio del crudo que se utiliza para calcular el derecho que paga al erario público, al pasar de un promedio de 3 dólares por barril a 6.1 dólares en pozos de aguas someras y 8.3 dólares en pozos en tierra.
Con esto, se estima que el ahorro podría ser de 50 mil millones de pesos, lo que eleva el apoyo total del Gobierno a 123 mil 500 millones de pesos. Los apoyos de Pemex están condicionados a que reduzca su pasivo circulante y deuda con proveedores y contratistas, de 140 mil mdp.
Aunque los expertos consideran que las medidas aprobadas son “insuficientes” para salvar Pemex, que arrastra una deuda financiera neta de 80 mil 470 millones de dólares, ya que no compensa las pérdidas de 30 mil millones de dólares de 2015 ni soluciona los problemas estructurales que arrastra la petrolera como la caída del índice de restitución de reservas, el desplome del 30% en la última década de la producción, éstas son positivas ya que dan tiempo a la compañía para tomar decisiones.
