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sara.cantera@eluniversal.com.mx
La iniciativa de modificación a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que recientemente aprobó la Cámara de Diputados, le transfiere a los concesionarios privados algunos riesgos que antes le correspondían al gobierno federal, como la liberación de los derechos de vía y los costos adicionales asociados a la construcción de una carretera, dijo Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
La iniciativa considera que cuando se trate de concesiones en materia de caminos, puentes y servicio ferroviario, los recursos que se utilicen “para la liberación de los derechos de vía deben considerarse dentro de los costos totales del proyecto”, es decir, corren a cargo del concesionario.
“Normalmente el derecho de vía le compete al gobierno porque es quien tiene la facultad de liberar o comprar [terrenos], cuando hablamos de derechos de vía en cualquier obra, puede haber grupos sociales de diferente orden político que puedan incluso suspender obras”.
“El gobierno es el único facultado para ejercer actos de autoridad, está en la ley cuando debe incluso de expropiar por causas de utilidad pública, por eso digo que el gobierno es el responsable principalmente, no el particular”, explicó.
Además de los derechos de vía, el titular de la CMIC destacó otro factor de riesgo que el inversionista privado ahora asuma los costos asociados a obras que no estaban contempladas desde el inicio como problemas con el tipo de suelo.
De aprobarse esta modificación a la ley en el Senado, algunos proyectos contemplados en el Programa Nacional de Infraestructura pueden estar en riesgo de no concretarse, sobre todo los relacionados a autopistas de peaje, derechos en puertos y aeropuertos, y los que impliquen una fuente de repago, es decir, que no se construyan con deuda pública, subrayó Arballo.
