El consorcio que gane el proceso licitatorio de la Red Compartida no tiene garantizado el éxito de su inversión, dijo Sonia Dulá, vicepresidenta de banca corporativa de inversión para Latinoamérica de Bank of América Merrill Lynch.
"Realmente no hay ninguna garantía, cada grupo, cada operador o consorcio tendrá que establecer su evaluación, modelo, con base en su modelo de negocio, estamos viendo que hay distintas maneras en las que se podría hacer esta Red", señaló Dulá al ser cuestionada sobre la entrada de un nuevo participante en el mercado de telecomunicaciones, durante el anuncio de las bases de licitación de la Red Compartida.
Sin embargo, aseguró que el mercado mexicano muestra un enorme potencial por lo que más de 100 empresas y fondos de inversión de Estados Unidos, Asia, Medio Oriente y Europa, se han interesado en el proyecto.
Respecto al impacto de las condiciones económicas que atraviesa el país en el proyecto, Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), destacó que ha sido claro el interés de capitales de todo el mundo que buscan invertir sobretodo en México, por lo que el entorno no afecta la licitación de la Red.
Por eso se preserva el valor estimado de 7 mil millones de dólares de inversión, que se alcanzaría en caso de llegar a una cobertura de 95% de la población, mientras que el mínimo será de 3 mil 500 millones de dólares por 85% de cobertura.
En tanto, Gerardo Ruiz Esparza,titular de la SCT, reveló que en agosto de este año se dará a conocer al ganador de la Red Compartida cuyo objetivo es llevar servicios de telefonía móvil e internet a todos el país.
Además, explicó que el consorcio deberá desplegar infraestructura que soporte tecnología de cuarta generación (4G) y deberá cumplir las obligaciones de funcionalidad y calidad que establece el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para todas las redes de servicios móviles.
Ruiz Esparza agregó que con esta Red se busca sumar 40 millones de mexicanos con servicios 4G, lo cual se logrará en 2025.
Gabriel Contreras, presidente del regulador, adelantó que el instituto se encargará de evaluar la competencia económica, otorgar el título de concesión a la asociación Público-Privada y el título de concesión al ganador de la Red Compartida Mayorista y, en su caso, definir las empresas impedidas para participar en el proceso.