El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) organismo autónomo desde 2008, a partir del pasado 1 de enero cuenta con un nuevo presidente, el Dr. Julio Alfonso Santaella Castell, en sustitución del Dr. Eduardo Sojo Garza-Aldape, quien lo presidió desde entonces, luego de renunciar como Secretario de Economía en agosto de 2008.
La llegada del Dr. Santaella al cargo ya no fue noticia, porque desde que lo postuló el presidente Peña el 26 de noviembre para que fuera nombrado por el Senado para integrar la Junta de Gobierno, lo que finalmente ocurrió el 15 de diciembre, se daba por descontado que ocuparía ese puesto. La trayectoria y preparación profesional del nuevo titular no tienen reparo.
Cabe recordar que luego de un breve paso como coordinador ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, desde 2004 el Dr. Santaella se había desempeñado en la Dirección General de Operaciones de Banca Central del Banco de México, donde fue gerente de Información y Análisis, y director de Apoyo. De nueva cuenta encabeza el Inegi un funcionario procedente del Banco de México, puesto que el Dr. Gilberto Calvillo Vives lo dirigió entre 2001 y 2008.
Inegi ha sido frecuentemente objeto de diversas presiones y cuestionamientos. Hace poco el director general del SAT comentó que debía revisar los cálculos del Producto Interno Bruto (PIB), porque otros indicadores como la recaudación tributaria o las ventas de tiendas departamentales estaban creciendo a tasas anuales muy superiores. Las autoridades del Inegi no se subieron en público al ring; y la mejor respuesta que pudieron dar fue el reporte que entregaron en diciembre donde mostraban que el desempeño del PIB del sector informal era más pobre que el del sector formal.
Pero no sólo desde el gobierno han llegado las descalificaciones. Un famoso político de oposición decía que las cifras del PIB del Distrito Federal estaban “truqueadas” y que no reflejaban el gran dinamismo económico que se observaba en la capital del país. También desde las organizaciones de la sociedad civil se han cuestionado las estadísticas que proporcionaron los Censos de Población y Vivienda del 2010 para personas con discapacidad y de población indígena en el país.
Con lo anterior, no queremos decir que no se pueda criticar y hacer sugerencias a la oficina de estadísticas. Sin embargo, es lamentable que los cuestionamientos sean poco serios, sin fundamentos técnicos bien desarrollados y más seguidos por una postura crítica prejuiciada.
A veces Inegi se ha equivocado en la forma en que comunica la información. Por ejemplo, para las cifras de personas con discapacidad en 2010, aportaba las que daban el cuestionario básico y el ampliado y sólo hasta que se consultaba la publicación de los Principales Resultados del Censo, uno caía en la cuenta de que se debían usar las del ampliado. Desde estas páginas en junio del 2014, cuestione la forma como se estaba difundiendo el Sistema de Indicadores de Ciclos. De hecho me entreviste en corto con un alto funcionario del Inegi, quien reconoció que el cuestionamiento era válido y que ellos debían estar más abiertos a la crítica. Dada la confusión que se generó en la opinión pública, Inegi amplió las explicaciones respecto al ciclo económico posteriormente.
Al Inegi se le han escatimado en un pasado recursos. Un importante Censo Agrícola no se realizó porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no autorizó el proyecto y la Cámara de Diputados tampoco quiso dar la ampliación presupuestaria en su momento. La defensa dentro del organismo me dio la impresión que fue débil —puedo estar equivocado— y el asunto se resolvió con una encuesta.
La autonomía del Inegi fue un largo y complejo camino que implicó la modificación del artículo 26 de la Constitución en abril de 2006 y de la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en 2008. Los principales obstáculos procedieron de altos funcionarios de la SHCP y del Banco de México que se resistían unos a perder el control de la oficina nacional de estadística, incluso la cifras del PIB y otras importantes las emitían la SHCP o debían pasar por su visto bueno; mientras que autoridades del banco no querían dejar de medir la inflación, a pesar de la declaración del Dr. Guillermo Ortiz Martínez a finales de 1997, cuando prometió que se le pasaría la responsabilidad al Instituto, lo que los analistas en ese momento considerábamos indispensable para que dejara de ser juez y parte en el asunto. Antes de que el Inegi fuese la fuente oficial en 2011, Banco de México cambió la metodología y se estableció como condición que un equipo procedente del mismo se encargara de su elaboración, ya como funcionarios del Instituto.
¿Qué hubiera deseado respecto a la titularidad del Inegi? Que fuera nombrado uno de los vicepresidentes que ya conocían a la institución por dentro. Sin embargo, hay que otorgarle el beneficio de la duda al flamante nuevo presidente.
Maestro en Economía.
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