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maria.saldana@eluniversal.com.mx
La incertidumbre que genera la Ley de Transición Energética provocará que se frenen inversiones en diversos sectores, y en el caso del acerero se ponen en riesgo proyectos por 3 mil 500 millones de dólares, anunciaron organismos del sector industrial.
Además, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) analizan ampararse contra la legislación.
En conferencia de prensa, los presidentes y directores de esas instituciones, junto con los representantes de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) y de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), aseguraron que el problema es que subirán los costos de la energía eléctrica por el uso de energías renovables.
Destacaron que se obligará a empresas a comprar certificados de energías limpias, sin importar que será elevada la demanda y escasa la oferta, lo que incrementará sus precios.
Sin embargo, advirtieron que no están en contra de las energía limpias, ni en disminuir las emisiones de contaminantes, pero les preocupa que el gobierno mexicano asuma compromisos más ambiciosos que Estados Unidos y China, naciones que generan 15% y 26% de las emisiones de bióxido de carbono, respectivamente.
"Se obligará a comprar energía cara y no va a haber suficiente", dijo el vicepresidente de Caintra Nuevo León, Máximo Vedoya.
El presidente de Canacintra, Rodrigo Alpízar, dijo que se estudia la figura del amparo porque hay una transgresión al principio de equidad.
Esa figura legal también la analizarán las empresas manufactureras, explicaron los presidentes de Concamin, Manuel Herrera, y de Canacero, Guillermo Vogel, quienes coincidieron en que por los altos impactos que se tendrán se podría pensar en interponer un amparo.
Vogel dijo que con esta ley hay proyectos por 3 mil 500 millones de dólares que "esperan en el cajón" a que se genere más certidumbre sobre los costos en que se incurrirá.
En tanto, el director general de la ANIQ, Miguel Benedetto, explicó que por los altos costos de producir en México y ante la falta de materia prima, muchas inversiones se han ido a Texas, en donde de 2013 a 2023 se desarrollarán proyectos por 190 mil millones de dólares.
El presidente de la Comisión de Energía de la Concamin, Régulo Salinas, dijo que a las empresas se les pedirá comprar certificados de energía limpia y si estos llegaran a venderse en 60 UDIS o 4.6 salarios mínimos generales, se tendría un incremento de 5% en las tarifas eléctricas.
Además, advirtió que si no se determina un techo al precio de venta y éste llega a 500 salarios mínimos generales, a causa de la poca disponibilidad de los certificados, la tarifa de electricidad industrial podría incrementarse en más de 50%.
