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Para evitar la presencia de firmas con actividades ilícitas o que hagan mal uso de recursos destinados al crédito de proyectos productivos, microfinancieras han reforzado sus controles y procedimientos a fin de evitar casos como Ficrea.

En un año, al menos 60 firmas fueron rechazadas por Prodesarrollo, organización que agrupa a más de 87 microfinancieras en todo el país. En tanto, en varios estados se han incrementado las medidas de prevención de lavado de dinero y revisiones en los historiales de los empresarios que buscan constituir un negocio de crédito a pequeños empresarios.

“Hoy tenemos que cuidar la reputación de nuestros asociados y no van a entrar a Prodesarrollo en el caso de que haya la ligera sospecha de que haya malas prácticas en las empresas para evitar daño al sector”, dijo Claudia Revilla, directora de Prodesarrollo

Destacó que si bien la operación de las microfinancieras es distinta al modelo de Ficrea, pues estas empresas solamente otorgan crédito y no captan ahorro, se busca evitar la presencia de firmas que tengan operaciones fraudulentas.

“Debemos saber qué hay dentro de las instituciones, por eso nosotros antes aplicábamos un sello de control y ahora tenemos cinco, porque sí queremos estar pegadas a nuestras instituciones y cuidar que no se nos cuele ninguna institución que tenga malas prácticas”, explicó.

Dijo que se trabaja con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la aplicación de controles de prevención de lavado de dinero y que se busca que el caso Ficrea no provoque una aplicación desmedida de la regulación.

“Estamos trabajando con Hacienda convencidos de que todo lo que genere certidumbre y transparencia es bienvenido y si con eso tenemos que sentarnos con inteligencia financiera y seguir trabajando con la comisión bancaria para saber que no hay recursos de procedencia ilícita o que no se hace algo ilícito con los recursos públicos debemos mantener este camino”, explicó.

Dijo que las microfinancieras tienen un periodo de revisión por parte de la comisión bancaria en el caso de que la banca comercial haya cerrado algunas de sus cuentas como medida anti lavado.

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