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Estados Unidos tiene previsto iniciar este martes el intercambio de información con México sobre todos los mexicanos con cuentas bancarias o inversiones en este país que hayan obtenido más de 10 dólares en intereses anuales.
Con la implementación de la Ley sobre el Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), México planea entregar por su parte a Estados Unidos información de los todos los estadounidenses con cuentas o inversiones en instituciones mexicanas por más de 50 mil dólares.
Aunque FATCA fue promulgada en Estados Unidos desde 2010 como una nueva herramienta legal contra la evasión fiscal a raíz del escándalo del banco HSBC, su puesta en marcha será concretada hasta este mes, en medio de sucesivas demandas legales contra la legislación.
La Asociación de Banqueros de Texas y la Asociación de Banqueros de Florida demandaron al Departamento del Tesoro desde 2013, mientras que el senador Rand Paul y estadunidenses expatriados mantienen su propio proceso legal (Crawford vs US Treasury) en curso.
Desde la promulgación de FATCA por el presidente Barack Obama, Estados Unidos emprendió la negociación de acuerdo bilaterales con más de 70 países, a fin de formalizar el intercambio recíproco de información. En el caso de México el acuerdo fue finalizado el 9 de abril de 2014.
“México y Estados Unidos han realizado pruebas técnicas durante meses sobre el intercambio de información (...) la implementación del acuerdo bilateral será gradual”, dijo a Notimex una fuente oficial.
Bajo el acuerdo bilateral, la información de las cuentas correspondientes al año 2014 y subsecuentes será compartida entre el Servicio Interno de Rentas (IRS) de Estados Unidos y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México.
“Eso va a permitir como estándar y con seguridad poder recibir la información y también enviar la información”, confirmó en un reciente foro en México el director del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez.
El plan del SAT es acopiar y evaluar la información de los mexicanos con cuentas o inversiones en Estados Unidos, con vistas a iniciar las auditorias respectivas en los casos pertinentes a partir de 2016.
El IRS proporcionará a México el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal de quienes sean residentes de México con cuentas o inversiones en Estados Unidos que hayan obtenido al menos 10 dólares en interés en el año previo o vigente. El programa no es retroactivo.
Asimismo entregará el IRS el número de cuenta o equivalente, el nombre de la institución depositaria, el monto de los intereses pagados al residente mexicano, el monto de dividendos o ingresos obtenidos o acreditados en Estados Unidos y el origen de otros recursos.
En contraparte, México proporcionará al IRS el nombre, dirección y número fiscal de estadunidenses con cuentas cuyo saldo sea superior a los 50 mil dólares, el número de la cuenta, el balance mensual y la cantidad de intereses pagados.
Hasta el momento más de 600 instituciones bancarias y financieras de México han aceptado participar en FATCA. Bajo la legislación estadounidense, aquellas que no lo hagan pueden enfrentar penalidades, incluido un impuesto de 30 por ciento sobre sus bienes en Estados Unidos.
Se estima que a nivel internacional más de 173 mil 500 instituciones bancarias han aceptado reportar a Estados Unidos la información de sus cuentahabientes estadunidenses.
Entre los países con el mayor número de instituciones participantes figuran las Islas Caimán con más de 32 mil, Islas Vírgenes británicas con casi seis mil, Brasil con más de cinco mil 500, Francia con casi cinco mil, Canadá con más de cuatro mil 500 e Irlanda con más de cuatro mil 200. HSBC también participa.
En contraste, en Estados Unidos, dos de las principales asociaciones de banqueros, la de Texas y Florida, iniciaron desde abril de 2013 una batalla legal contra FACTA, por considerar que sus cláusulas son una carga indebida que puede afectar las inversiones en este país.
Según la Asociación de Banqueros de Texas, la inminencia de FATCA provocó la salida de más de 500 millones de dólares en las cuentas de extranjeros en ese estado, además del supuesto riesgo de una mayor fuga de capitales desde Estados Unidos.
El año pasado, el juez James Boasberg de la Corte de Distrito de Washington, DC, desestimó la demanda, pero las asociaciones de banqueros apelaron el fallo ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia.
En defensa de la ley, el Departamento de Justicia mantiene que las demandas en su contra no tienen lugar debido a que la Ley Anti-Mandato (Anti-Injunction Act) prohíbe expresamente cualquier demanda legal que busque bloquear la recolección de impuestos.
El pasado 14 de agosto, tres jueces de circuito fallaron a favor del gobierno de Estados Unidos bajo el argumento de que la queja de los banqueros cae dentro de la jurisdicción de la Ley Anti-Mandatoy por lo tanto no es legítima.
Pero la batalla contra FATCA incluye además a un grupo de expatriados que demandó al gobierno federal en Ohio, al senador libertario Rand Paul y al Partido Republicano, cuyo comité nacional denunció a la ley como invasiva de la privacidad personal.
Los opositores de FATCA argumentan además que la ley está provocando un número inédito de estadunidenses que renuncian a su ciudadanía para evitar los efectos de la ley. Sólo el año pasado renunciaron a ella tres mil 415, comparado con 742 en 2009, antes de FATCA.
Por el momento sigue pendiente de desenlace la demanda presentada en julio pasado por el senador Paul, quien sostiene que FACTA viola las protecciones constitucionales contra las multas excesivas.
Apenas el pasado 4 de septiembre, los demandantes pidieron a la Corte de Ohio una orden de emergencia para suspender la implementación de FATCA. Aún no hay un fallo en el caso.
Aunque no existe un estimado oficial sobre el monto de impuestos no cobrados por Estados Unidos por cuentas en el extranjero, legisladores estadunidenses han estimado esa cantidad en alrededor de 100 mil millones de dólares.
tcm
