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Si bien la iniciativa de ley secundaria para la disciplina financiera es positiva por el tema de la transparencia y orden en el endeudamiento, no mejora la dependencia de los estados y municipios de los recursos federales que reciben de la Federación como las participaciones, consideró Standard & Poor’s (S&P).
“La iniciativa va por buen camino de ordenar, prevenir mayor presión sistémica en el sistema de deuda subnacional; llega en buen momento para evitarlo, pero la ley no va a mejorar la dependencia que tienen las entidades de las participaciones federales, es un tema de regular el endeudamiento total; debería de haber una reforma mayor para distribuir facultades tributarias”, dijo el especialista de la calificadora, César Marcelo Barceinas.
En entrevista, afirmó que hay pocos estados que tienen la firme voluntad de cobrar más impuestos como sucedió con la tenencia vehicular que la mayoría la derogó.
El representante de la agencia dijo que de aprobarse representará un gran reto sobre todo para los municipios medianos y pequeños.
Hay algunos estados y ayuntamientos que podrán hacer frente a la regulación, en tanto para otros como los municipios que se rigen por los usos y costumbres tendrán que ser auxiliados por sus estados al carecer de capacidades técnicas o historial de crédito, advirtió.
Como impactos, mencionó que las nuevas reglas operacionales harían más lento el proceso de contratación de deuda, pero será un efecto transitorio y a la vez positivo porque les ayudará a mejorar la planeación de sus obras y podrán justificarlas ante las diversas instancias.
Lo importante, insistió, es que se contará con información de la deuda tanto de largo como de corto plazos en el nuevo registró único.
“En materia de transparencia destaca que hoy sólo hay un registro en Hacienda de la deuda de largo plazo garantizada con participaciones federales, pero no existe uno que incluya la deuda de corto plazo que son las que han tenido un impacto negativo en las calificaciones y están en los incumplimientos de pago recientes; y en la propuesta se prohibirá que puedan refinanciarla a largo plazo”, destacó.
No hay información del resto de las obligaciones financieras como proveedores y con asociaciones público-privadas. También tendrán que precisar los motivos por los cuales se endeudarán con la aprobación de dos terceras partes de sus Congresos locales y además se creará una Comisión bicameral integrada por diputados y senadores federales que deberán dar el visto bueno.
El especialista remarcó que en años anteriores las obras que se financiaban con deuda pública no tenían mucho sentido económico o no eran para inversiones más productivas.
Comentó que los estados que quieran acceder a la garantía federal que se ofrece en la iniciativa, tendrán que firmar un convenio para lo cual estarán obligados a cumplir con ciertos parámetros de desempeño y responsabilidad fiscal como control de gasto.
Sugirió que en los convenios que se firmen con la Federación las entidades deberán tener cuidado, porque no es lo mismo la situación de Nuevo León que la de Oaxaca. “Se debe considerar las condiciones locales de cada caso y poner objetivos de desempeño financiero que sean factibles y no poner lo que no se vaya a cumplir”.
