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Los chantajes, las amenazas, las supuestas inspecciones del gobierno local y estatal, y las visitas de la policía que recibe casi a diario Alfredo en su restaurante-bar se traducen en mordidas o “compensaciones económicas” que mensualmente suman gastos de entre 10 mil a 15 mil pesos.
Sin embargo, “es mejor pagarles que tener el negocio cerrado, una, dos, tres o hasta cuatro semanas. Más el pago de multas por cuestiones absurdas”, asegura Alfredo.
La cuota por repartir propaganda de su restaurante en una de las zonas controladas por una líder de ambulantes está en 200 pesos diarios, a eso le suma la comida de los policías que cuidan el cuadrante quienes lo visitan “de manera regular”, y una o dos veces por semana recibe inspectores de todo tipo que cambian las reglas a discreción.
En una visita que le realizaron los inspectores de sanidad, Alfredo “aprendió” que es mejor dar una mordida a tener cerrado el negocio durante tres semanas.
“Me cerraron porque querían que la licencia sanitaria estuviera en la pared de la izquierda y no a la derecha. Eso no se vale”, expone Alfredo, quien da empleo a 12 personas, entre meseros, cajera, cocineros, garroteros y volanteros.
Otra de las extorsiones fue porque “el inspector dijo que el extinguidor iba unos centímetros más arriba de lo que estaba, que así no se veía”, y esto sucede porque hay mucha discrecionalidad en las visitas de funcionarios.
“Tanta tramitología es una tentación para irse a la informalidad debido al costo administrativo que representa para las personas y sus negocios”, reconoce el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.
Además de que entre más trámites complejos existan y haya más interacción entre un funcionario público y el contribuyente, genera mayor riesgo de caer en la corrupción, destaca el líder empresarial.
Es evidente que no hay criterios unificados en los gobiernos locales ni estatales y que en algunos casos se piden cosas ilógicas, explica el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega.
Herrera Vega recuerda que en un municipio de Jalisco, a un empresario restaurantero le pidió la autoridad que realizara un estudio de impacto de sonido con el local funcionando a toda su capacidad; sin embargo, no le otorgaban la licencia para que pudiera entrar la gente y hacerse el análisis.
Así que el dueño no podía abrir el local porque no tenía el estudio de impacto del sonido y si abría para hacer el estudio con gente en el local lo podían clausurar por no tener la licencia, eso muestra que hay trámites “ilógicos” y “ridículos” que afectan el funcionamiento de los negocios, comenta el líder de Concamin.
Aunque son diversas las causas por las que no sobrevive una empresa, es cierto que la cantidad de regulaciones que impone un municipio o delegación y las entidades generan una carga administrativa para las empresas, coinciden los presidentes del CCE y Concamin.
De acuerdo con una encuesta realizada por el sector privado, 95% de las empresas en México tienen 10 o menos trabajadores y de ese número, seis empleados deben dedicarse a atender la carga administrativa, afirma Castañón.
Por diversas razones, hace unos años sobrevivía 15% o 16% de las empresas después de siete años operando; sin embargo, ahora solamente 11% logra alcanzar esa edad. Además, la tasa de formación de compañías se redujo de 3.7% a 1.9% en la última década.
Inspecciones, el dolor de cabeza
El sector empresarial coincide en que la mayor problemática que enfrentan los empresarios está en cumplir con los trámites y pasar las verificaciones e inspecciones de las autoridades locales.
Aunque para el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), Gerardo López Becerra, en la Ciudad de México “tenemos un bodrio administrativo” porque hay un Instituto de Verificación Administrativa (Invea) que controla el gobierno central, pero los inspectores los controla la delegación.
“El Invea central solamente es un edificio que guarda una estructura administrativa, porque las inspecciones dependen del Invea, de las delegaciones y los delegados son los que mandan, pero los papeles se van a la oficina central. Traemos un doblete de trámites y de identidades que vuelve loco al pequeño comerciante que no es especialista en tramitología”, agrega.
Si tienes un negocio que genera ingresos para mantener a seis empleados o más, los dueños pagan las multas y luchan por mantener el negocio a flote, pero si están en la sobrevivencia, adeudan renta, luz y tienen problemas de ingresos, lo más fácil es que ante una multa se cierre el negocio, explica López Becerra.
Para Alfredo, el dueño del restaurante-bar, el Invea central actúa ilegalmente, hay abusos en las inspecciones y el aceptar que se imponga un sello de suspensión o de clausura puede significar pérdidas de hasta 100 mil pesos, “clausuras por tonterías, sin que haya un gobierno que responda”, añade.
“Muchas empresas tienen que recurrir a la corrupción cuando hay ineficiencias gubernamentales, por eso en la medida en que los trámites sean más eficientes, sencillos y transparentes y se adopten más las tecnologías de la información se disminuirá la corrupción”, expone el presidente de la Concamin.
Las mayores denuncias de las empresas son porque los funcionarios de gobierno piden mordidas para otorgar un permiso de construcción; o en el otorgamiento de licencias para giros restringidos. Por eso, hay un consenso de que el cuello de botella está con la autoridad local, en donde hay más corrupción, asevera Herrera.
A Castañón le “llama la atención ver tantos locales clausurados en la Ciudad de México y eso es por tantas inspecciones de las delegaciones en las que se permite clausurar temporal o definitivamente un local”.
Abrir una empresa
El Banco Mundial, en su estudio Doing Business, ubica a México en el lugar 38 de una lista de 136 naciones, como el lugar con mejor ambiente para hacer negocios, pues solamente se necesitan realizar seis trámites en seis días con un costo de 19.2% del ingreso per cápita, cifras mejores a lo que ocurre en promedio en otros países de América Latina.
Aún con ese sitio, dice el presidente de la Concamin, hay problemas como el otorgamiento de permisos de construcción, pago de impuestos y registro de propiedades, trámites en donde nos ubica el Doing Business en los últimos lugares, lo que dimensiona que hay rubros en los que hace falta mucho por mejorar.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) encontró entre sus afiliados que los trámites que más quitan horas en cumplirse un mes son: permisos de construcción, con 102 horas; obtención de servicios públicos, 56 horas; 50 horas para abrir una empresa; 43 horas los procesos de licitación; 14 horas trámites ante el IMSS, y 13 ante el Infonavit.
Para agilizar la apertura de empresas en el país se han abierto nuevas opciones, como la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación de la figura de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), a través de la cual se puede abrir una empresa vía internet sin necesidad de acudir a un notario público, indica Santiago Ferrer, socio de Hogan Lovells BSTL.
“Las personas físicas que no tengan control accionario de otra empresa, van a crear un negocio en forma expedita y sin ningún costo”, porque se le va a dar una especie de escritura constitutiva y se le inscribirá en el Registro Público de Comercio, pero eso sólo implica crear formalmente la empresa, el abrir el local y contar con los permisos de uso de suelo y cumplir con otras regulaciones adicionales, eso es aparte”, comenta Ferrer.
Una cosa es que te impongan ciertos requisitos para constituir una empresa y otra es que tengas que enfrentar diferentes visitas e inspecciones de la autoridad, abundó.
Por una parte, con la nueva legislación para crear SAS se tiene una nueva opción para abrir empresas de manera rápida, pero se requieren esfuerzos adicionales para simplificar los trámites administrativos, precisa el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos.
Después de que se tiene la empresa inicia el “viacrucis”. “Tener un local donde se ofrezcan productos o servicios toma aproximadamente tres meses o más, siempre y cuando sea un negocio de bajo impacto, aunque ahora se dice que pudiera bajar a 40 días”, explica el presidente de la Canacope.
Un emprendedor debe de conocer la Ley de Establecimientos Mercantiles, Ley de Protección al Consumidor, Ley de Protección Civil, entre otras legislaciones, además de que debe de solicitar el permiso de uso de suelo, tramitar su Registro Federal de Contribuyentes, atender los requerimientos de la Secretaría de Salud, de Protección Civil, para operar y evitar abusos.
Sin embargo, aún con las inspecciones y con las restricciones “tenemos un alto porcentaje de negocios que se establecieron, pero no están autorizados, como oficinas, bares, restaurantes, relleno de garrafones de agua”, entre otros.
