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Los hechos de corrupción y la debilidad de las instituciones “están llegando a una situación límite” que debe revertirse con un compromiso de tolerancia cero a este flagelo, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.
El empresario hizo el llamado a los tres poderes de gobierno, actores políticos, sector privado y sociedad.
En lugar de permitir que se siga violando la ley con impunidad se deben de construir instituciones que combatan la corrupción y la impunidad, de manera que “todos los delincuentes sean llevados a la justicia”.
Explicó que los hechos recientes de fugas de gobernadores que incurrieron en ilícitos, la de reos, los amparos que otorgaron jueces a presuntos culpables y demás situaciones, muestran la debilidad de las instituciones.
En el caso de los políticos que están en ejercicio de sus funciones y los servidores públicos deben estar abiertos al principio de máxima publicidad.
Y en la “Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen que ser garantes y promotores de la máxima transparencia, esa es la garantía de que México realmente busca transformarse en un país en el cual la impunidad no tendrá más carta de naturalización”.
Desafortunadamente, añadió, en estos días se conoció la fuga del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, a quien acusan de peculado; se fugaron 17 reos del penal de Reynosa, en Tamaulipas, y la autoridad estadounidense detuvo al ex fiscal general de Nayarit, acusado tráfico de drogas.
“Tenemos un marco legal sólido que castiga las conductas ilícitas, contamos con un Poder Judicial autónomo, pero la debilidad de las instituciones nos coloca en una situación delicada porque los ciudadanos ven día a día que no se aplica la ley y prevalece la impunidad”, dijo De Hoyos.
El problema es que se llega a una situación límite en donde los ciudadanos desconfían de la procuración de justicia, pues los niveles de impunidad alcanzan “niveles nunca vistos en México”, debido a que una encuesta del Inegi mostró que el nivel de delitos no denunciados llegó a 93.7%.
