Más Información
cartera@eluniversal.com.mx
Los mayores controles que tendrán los estados para la contratación de deuda en 2017 y el aumento en la inflación impactarán a los estados y municipios del país, situación que puede incidir en sus calificaciones, informó la firma HR Ratings.
De acuerdo con la agencia, la aplicación de la Ley de Disciplina Financiera, así como su legislación secundaria sobre sus métodos de financiamiento y sus obligaciones de transparencia y control de gastos es uno de los principales retos para las entidades federativas.
En ese sentido, HR Ratings destacó que como parte de esta legislación que busca controlar el endeudamiento de los estados, a partir de abril comenzará el sistema de alertas, lo cual podría obligar a las entidades y municipios a aumentar la capacitación, personal e infraestructura adicional para cumplir con estos controles.
“Las entidades que sean clasificadas con un endeudamiento elevado, de acuerdo con los criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda en abril, no podrán adquirir deuda adicional sin antes firmar un convenio de mejora financiera con esta dependencia”, consideró HR Ratings.
La calificadora destacó que algunos gobiernos estatales que comienzan su administración tendrán el reto de lograr equilibrios presupuestarios bajo un panorama de mayor inflación para 2017, lo cual complicará cumplir el requerimiento de equilibrio presupuestario que deben aplicar este año.
En el caso de los municipios, la firma recordó que también deberán tener equilibrio fiscal en 2018, con lo cual deberán adecuar su administración para la nueva regulación que vigilará el estado de sus finanzas.
“Será difícil para muchos de los más de 2 mil municipios del país, ya que una buena cantidad de todavía enfrentan retos para proveer, incluso, de los servicios básicos a su población, por lo que deberán ser auxiliados por sus gobiernos estatales en esta parte del proceso”, añadió la agencia HR Ratings.
La firma destacó que el aumento en el precio de las gasolinas no garantiza un incremento en las participaciones que reciben por parte de la Federación.
Para la calificadora, los estados deberán considerar un incremento en servicios generales por concepto de gasolina, presionada por un entorno de mayor inflación a la experimentada en 2016.
En ese sentido, las administraciones locales deberán paliar el efecto mediante programas cada vez más agresivos de ajuste en gasto y el efecto final dependerá de la flexibilidad financiera de cada uno de los estados y municipios.
“En este punto estimamos que muchas entidades a pesar de ejercer mayor control en el gasto, tendrán una incidencia negativa en el balance financiero y presentarán mayores niveles de apalancamiento a corto plazo e incrementos en su pasivo circulante lo cual, si no se realiza de manera moderada, podría derivar en un menor nivel de calificación”, añadió.
