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Ala pregunta expresa del presidente Peña Nieto sobre qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar para liberar el precio de las gasolinas, me han venido a la mente muchas posibles respuestas. Por límites de espacio, incluyo sólo algunas reflexiones.
Para empezar, quiero aclarar que estoy a favor de la liberalización de los precios de la gasolina, pues estoy convencido que generar un mercado de energía y combustibles competitivo en México y terminar con los monopolios del Estado, era indispensable para el desarrollo del país. Sin embargo, además de que el tránsito a la libre competencia es un proceso complejo e implica inevitablemente sacrificios en el corto plazo, esta medida entra en vigor en un muy mal momento. La cuesta de enero nos recibe con un entorno de expectativas de crecimiento económico cada vez más bajas, una alta incertidumbre sobre el efecto de las políticas del presidente electo Donald Trump, un dólar por las nubes, la recuperación del precio del barril del petróleo y, por si fuera poco, ahora el anuncio de un aumento de dos dígitos en el precio de la gasolina.
¿Qué hubiera hecho yo, Señor Presidente? En primer lugar, hubiera liberalizado los precios de las gasolinas en noviembre de 2015. En ese entonces, según datos de la Secretaría de Economía, el precio por barril de petróleo de la mezcla mexicana era de $35.4 dólares (hoy es de $44.1) y el dólar se cotizaba en $16.5 pesos (hoy $22). Abrir el mercado de combustibles en ese momento hubiera implicado que el precio de salida de la gasolina fuera menor. Ello hubiera cambiado radicalmente el anuncio, pues en lugar de estar buscando responsables en el exterior o en sexenios anteriores para justificarse, la estrategia hubiera sido más bien de promover los buenos resultados de la reforma energética, e impulsar la inversión en infraestructura de transporte y almacenamiento para generar una mayor competencia en el mercado de combustibles. El problema es que el gobierno se esperó para tomar la decisión y ahora llega en el peor momento.
Fue un error haberle prometido a la población que la reforma energética implicaría una disminución de los costos de los energéticos, y fue otro error afirmar que el gasolinazo no fue por la reforma energética. El principal objetivo de la reforma es crear un mercado competitivo de energía en México, buscar un suministro de energía más eficiente y a un costo competitivo, pero ello no necesariamente implica una baja en los precios. Esto podría suceder una vez que la reforma madure, existan más empresas, mayor infraestructura y las condiciones de libre competencia se materialicen. Aun así, el gobierno no puede tener certeza de que los precios bajarán, por lo que no debió de haber generado falsas expectativas con demagogia populista. La eficiencia productiva y la entrada de nuevos competidores son beneficios que poco a poco irán incidiendo en la oferta de energéticos a costos más competitivos, pero las condiciones externas como el tipo de cambio o los precios del petróleo siempre tendrán un impacto en el precio final a los consumidores, en el que el gobierno no podrá influir.
Yo no hubiera culpado al sexenio anterior, pues el subsidio a las gasolinas tan criticado durante muchos años, ha sido responsabilidad de todos los gobiernos durante los últimos 70 años. Más aún, la actual administración se ha destacado por su mal manejo de las finanzas públicas, su excesivo gasto sin rendición de cuentas y por un aumento estratosférico de la deuda pública, por lo que tratar de deslindarse de las consecuencias del gasto irresponsable cuando lleva cuatro años en el poder me parece que únicamente contribuye a agravar el enojo de la población.
Finalmente, el anuncio de la liberalización del precio de las gasolinas debería de haber ir acompañado de otras medidas sólidas que demuestren que el gobierno se está apretando el cinturón. La decisión de reducir 10% el salario de funcionarios de mando medio superior va en la dirección correcta, pero es insuficiente y llega tarde. Además de esta medida, es necesario eliminar los privilegios que tienen sindicatos como el de Pemex o la CFE, que son insostenibles para cualquier empresa productiva. Es indispensable también hacer un verdadero esfuerzo para transparentar los recursos públicos. Por otra parte, el costo de la burocracia en México es exageradamente alto en comparación con otros países. Peor aún, el alto grado de corrupción le cuesta al país aproximadamente 9% del PIB (Anatomía de la Corrupción 2da. edición, IMCO). A pesar de ello, la retórica sobre el combate a la corrupción parece ser sólo eso, discursos y declaraciones sin ninguna acción que demuestre que el gobierno está atacando este frente. Si el gasolinazo se hubiera anunciado al mismo tiempo que la detención de Javier Duarte, posiblemente el disgusto hubiera sido menor. El problema es que los ciudadanos percibimos que nosotros estamos pagando las consecuencias de una política económica irresponsable del gobierno, mientras que los funcionarios reciben salarios y prestaciones exorbitantes y los corruptos siguen saqueando al país sin recibir castigo.
Presidente y director general de la Universidad del Valle de México
