Más Información
cartera@eluniversal.com.mx
Los corruptos deben enfrentar castigos, no basta con incrementar la transparencia para combatirla.
Esa es la lección para los gobiernos que se desprende de un estudio que va a dar a conocer el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con base en un caso que analizó en el país.
México ocupa el lugar 95 de 168 del Índice de Percepción de la Corrupción 2015 y tiene una calificación de 35 de una escala de 100, según Transparencia Internacional.
El estudio se realizó en Querétaro en dónde expertos del BID hallaron que 90% de los permisos de construcción tienen al menos una irregularidad significativa, pero por la corrupción sólo 19% son rechazados.
De acuerdo con el investigador de la institución, Paul Lagunes, quién reveló en su blog detalles del informe titulado Monitorear la corrupción en México: el ojo atento y el látigo disuasivo, las medidas que incrementan la transparencia no son suficientes para controlarla o eliminarla.
El también profesor asistente de asuntos internacionales y públicos de la Universidad de Columbia, parte de la pregunta “¿cómo puede el riesgo de sufrir un castigo, cambiar el comportamiento de los empleados públicos corruptos?”.
Admite que la corrupción no es exclusiva de un país o grupo, pero afirma que es un problema extendido en América Latina a pesar de los avances recientes, más visibles cuando se trata de una autoridad de alto nivel.
Considera que otros pasan desapercibidos, porque lo protagonizan servidores de bajo rango y aceptan gratificaciones para dar permisos.
“Aunque puedan parecer aislados y difíciles de detectar, los casos de corrupción en los niveles más bajos del gobierno, también se pueden convertir en escándalos por la magnitud de la corrupción en los burócratas y la necesidad de combatirla”, advirtió.
Construcción en Santa Fe. En sus argumentos se refiere a lo que sucedió en Santa Fe en la Ciudad de México cuando se desarrolló el proyecto llamado City Santa Fe en 2005.
Se trataba de un desarrollo de más de mil departamentos de lujo en donde por cinco años se detectaron irregularidades que fueron tapadas con el pago a funcionarios locales por hasta 150 mil dólares.
“Los negocios turbios tienen un impacto profundo en la vida de las personas”, asegura Paul Lagunes al recordar ese caso.
Una medida para evitarlo, indica, es aumentar la transparencia, como en México con la ley para el acceso a la información, pero advierte que la rendición de cuentas del gobierno no puede depender de la predisposición de funcionarios para compartir información de sus acciones.
Plantea completar con monitoreo externo o auditorías independientes, que si bien pueden ser insuficientes, dice que los corruptos deben enfrentar el riesgo real de ser castigados.
Ejercicio en Querétaro. En el estudio que va a publicar el BID se hizo un ejercicio para comprobar si los empleados del gobierno modifican su comportamiento cuando están sometidos a ciertos controles.
Se eligió a Querétaro por ser una ciudad de mediano tamaño y composición socieconómica de su población y dentro del promedio en niveles de transparencia y corrupción.
En el tiempo que duró el estudio del BID, el gobierno de Querétaro autorizó el acceso exclusivo al personal, documentos y bases de datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
El punto central fue la Oficina de Licencias de Construcción. Según el reporte comentado por el especialista, dicha oficina es vulnerable a gratificaciones, tráfico de influencias y otras formas de corrupción, por la magnitud de las inversiones y la capacidad de tomar decisiones que tienen empleados públicos en el proceso de revisión de los permisos.
