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cartera@eluniversal.com.mx
Mientras los estados del país pretenden culpar al gobierno federal de los impactos por el incremento a las gasolinas a partir del 1 de enero de 2017, las entidades van a beneficiarse por los ingresos adicionales que obtenga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles.
Con datos a noviembre pasado de la Secretaría de Hacienda, el IEPS por gasolinas que obtuvieron los estados fue de poco más de 24 mil millones de pesos, cifra que forma parte de los 636 mil 716 millones que recibieron por participaciones.
De cada 100 pesos que reciben las entidades por parte del gobierno, 3.8 pesos provienen de los ingresos por venta del combustible.
Los más beneficiados por concepto de IEPS a las gasolinas son: Estado de México, con 2 mil 476 millones de pesos; Jalisco, mil 471 millones; y la Ciudad de México, mil 261 millones.
Nuevo León recibió mil 146 millones de pesos por este impuesto; Chiapas obtuvo mil 79 millones, y en el caso de entidades con problemas en sus finanzas y endeudamiento, Veracruz recibió de enero a noviembre mil 64 millones de pesos.
Sobre el tema, la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) se va a reunir la primera semana de enero con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para externar su preocupación sobre el encarecimiento de los combustibles y la llegada de nuevas gasolineras al mercado.
Según la Conago, después de esta reunión se va a tomar una decisión por parte de los estados de las afectaciones que tendrá el fuerte ajuste del precio de la gasolina.
Del 1 de enero al 3 de febrero de 2017 la gasolina Magna tendrá un precio promedio de 15.99 pesos por litro; la Premium, 17.79; y el diesel, 17.05.
Con este ajuste, el precio de los combustibles se encarecerá 14.2% para la Magna; 20.1% en el caso de la Premium; y 16.5% el diesel, en comparación con el precio máximo que tuvieron en diciembre de este año.
Doble discurso. El director general de Inteligencia Pública, Marco Cancino, dijo que los gobiernos de los estados mantienen un doble discurso al obtener mayores recursos, los cuales en su mayoría serán usados en gasto corriente o pago de deuda y no comprometerse a la rendición de cuentas ni mejorar su recaudación propia.
“Vamos a estar viendo un doble discurso por parte de los gobiernos locales de pasarle la factura del aumento de la liberalización del precio de la gasolina al gobierno federal y al mismo tiempo estarán felices por recibir ingresos adicionales vía IEPS”, dijo.
En su opinión, los gobiernos locales no están haciendo mayores esfuerzos de recaudación y no quieren asumir costos políticos por recaudar impuestos. Así, la Federación, a través de políticas nacionales, está generando ingresos adicionales y tendrá que asumir el precio de esta decisión.
“De nueva cuenta los estados acaban siendo beneficiados sin asumir ninguna consecuencia política. Estamos eternizando su condición de adolescentes o de menores de edad. Les cae bien en este momento de restricción presupuestaria”, sentenció.
El especialista del ITAM, Herbert Bettinger, dijo que aun con los ingresos adicionales que reciba el gobierno y sus beneficios a los estados, éstos resultarán insuficientes ante el mal manejo de recursos públicos que han hecho las entidades y los severos problemas financieros que viven la gran mayoría de los gobiernos locales.
Reiteró que el alza a las gasolinas tendrá un impacto negativo en todos los sectores económicos del país, donde si se suma el incremento en las tasas de interés, el tipo de cambio y la inflación observada en 2016, el poder adquisitivo de la población es de 42% y de las empresas apenas de 37%.
“En el año calculo una inflación de 5.75%. No es posible que con este 20% de aumento, la gasolina se venda más cara en México que en Estados Unidos”, finalizó el especialista.