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sara.cantera@eluniversal.com.mx
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que la denuncia que ayer interpuso el abogado Paulo Díez Gargari en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por presuntos actos de corrupción al ampliar el título de concesión de la autopista Amozoc-Perote, busca desprestigiar a la SCT por el reciente retiro de la concesión del Tren Chiapas Mayab a la empresa Viabilis Holding.
“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace notar que las acciones legales que pretende lograr el señor Paulo Díez Gargari carecen de fundamento y pretenden dolosamente desprestigiar a la Secretaría en razón de la investigación que llevan a cabo las autoridades competentes que implican el rescate de la concesión del tren Chiapas- Mayab, la cual fue otorgada de manera indebida e ilegal a la empresa Viabilis Holding S.A de C.V., propiedad de Paulo Diez Gargari y Pedro Topete Vargas”, indicó la SCT.
Ayer, Paulo Díez Gargari, interpuso una demanda en la PGR en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por presuntos actos de corrupción al ampliar el periodo de la concesión de la autopista Amozoc-Perote por 30 años más y del Libramiento Perote otros 20 años.
La autopista Amozoc-Perote es operada por Grupo Autopistas Nacionales (GANA), subsidiaria de OHL México.
Díez Gargari dijo que esta ampliación del periodo de la concesión se hizo sin tomar en cuenta que tres años antes, el 18 de abril de 2013, un comité de expertos integrado por tres árbitros declaró infundadas las pretensiones de GANA de que se le reconocieran 315 millones 306 mil 549.27 pesos correspondientes a recursos aportados por GANA para cubrir los incrementos en costos de insumos como acero, petróleo y sus derivados durante la construcción de la autopista, con el fin de que se le ampliara el título de la concesión.
Al respecto, la SCT detalló que la modificación del título de concesión de la autopista Amozoc-Perote se debió a que en la administración anterior, GANA solicitó el reconocimiento de inversiones adicionales por un monto aproximado de 913 millones de pesos, de los cuales, en abril de 2010, fueron reconocidos 313 millones, bajo la metodología definida en el título de concesión y por Banobras.
“De los 600 millones restantes, 300 millones fueron reconocidos por la concesionaria como no procedentes, y los otros 300 millones fueron sometidos a un arbitraje, el cual resolvió a favor de la Secretaría”
“Por tanto, el único saldo procedente y reconocido por autorización expresa en abril de 2010, fue de 313 millones, los cuales, de acuerdo a la metodología autorizada, fueron reconocidos en la modificación del plazo y tarifa del propio título de concesión”, explicó la SCT.
