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La información que se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sobre los contribuyentes mencionados en el caso Panama Papers, no podrá ser utilizada para fines fiscales.
Así lo dio a conocer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el tercer informe de avances sobre el caso que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El SAT explicó que debido a las atribuciones de la unidad antilavado de Hacienda, no podrá disponer de esos datos para el caso de mexicanos con inversiones en paraísos fiscales que contrataron a la firma Mossack Fonseca con sede en Panamá.
Eso significa que el brazo fiscal de la SHCP estará impedido para confrontar información valiosa ante probables sospechas de que esos vehículos de inversión pudieron aprovecharse para ocultar operaciones de procedencia ilícita como el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo que México está comprometido a combatir al ser miembro del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI).
Según el organismo, para seguir recuperando impuestos omitidos derivados de Panama Papers, faltan seis instituciones financieras o bancos de entregar información que se les pidió sobre personas identificadas en el caso y que pudieron haberse acogido al esquema de “pago anónimo” o bien regularizar sus capitales en el extranjero en materia impositiva bajo este beneficio de no revelar su identidad.
Al 15 de septiembre sólo 64 de 70 instituciones entregaron los datos. Como se recordará fiscalistas han cuestionado esta acción de la autoridad, al argumentar que cuando estaba vigente el programa de pago anónimo la ley los protegía de guardar el secreto fiscal.
El SAT también pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la información y sólo ha entregado la de seis de 70 instituciones que comprende el periodo de 2010 a 2014.
El jefe del SAT, Osvaldo Santín, dijo que a la fecha se ha logrado una recaudación derivada de los actos que se han realizado por los Panama Papers es de 412 millones de pesos tanto por identificación como por auditorias.
“Ya se solicitó la información a las jurisdicciones en las que se estima que puedan tener recursos y estaríamos esperando, para poder cerrar ese asunto” apuntó Santín.
De las otras investigaciones que está llevando el SAT, se están realizando para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y que están protegidas con la secrecía fiscal para los contribuyentes.
“En su momento se les estará notificando a estas personas que tienen un alto perfil político o social y cultural, respecto a las omisiones en las que pudieron haber incurrido y se les invitará a regularizar su situación o se tomarán las medidas necesarias para que puedan cumplir”, señaló.
Para ello, precisó el jefe del SAT, se está trabajando con la UIF, la CNBV, la Procuraduría General de la República (PGR), las entidades federativas y con los órganos de fiscalización estatales y el federal.
