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El hartazgo del sector privado por la falta de aplicación de la ley en el conflicto magisterial orilló al sindicato de patrones de la Coparmex a presentar una demanda contra el Ejecutivo ante el Poder Judicial de la Federación.
Al enfado empresarial se le sumó el comercio organizado, que a través de la Concanaco, advirtió que de no obtener una exención de impuestos por las afectaciones económicas que provocaron movilizaciones y bloqueos a establecimientos van a presentar su declaración fiscal en ceros.
Encabezados por el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, empresarios del país presentaron la demanda en los juzgados de Distrito en Materia Administrativa, en donde acusaron al Presidente, a los secretarios de Gobernación, Educación Pública y a la titular de la PGR, así como a los gobiernos de los estados involucrados en el conflicto de no actuar ni aplicar la ley a pesar del daño a los derechos humanos de las personas.
“En esta demanda de amparo hemos señalado como responsables al Presidente de la República, al secretario de Gobernación, al de Educación Pública, a la procuradora General de la República, a los gobernadores de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero; a secretarios generales estatales y a Congresos, entre otras autoridades”, dijo De Hoyos.
A pesar de que se violan los derechos fundamentales de los mexicanos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las autoridades federales y estatales no actúan, incurriendo también en violación a los derechos humanos de las personas.
La demanda de amparo se turnó al juez encargado de temas en materia administrativa, Agustín Tello Espíndola, en la que los empresarios se quejan de que durante los más de 80 días de movilizaciones magisteriales existe “una falta de capacidad de la autoridad para impedir los bloqueos”.
Al juicio que presentó la Coparmex por violación a los derechos humanos, se le sumó la petición de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) de darles exención en el pago de impuestos a empresarios de los estados afectados por las movilizaciones magisteriales, porque registran pérdidas por 7 mil 500 millones de pesos, aproximadamente.
El presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, advirtió que el diálogo entre autoridades y magisterio no genera resultados porque las vías de comunicación siguen bloqueadas, por lo que pudiera considerarse el uso de la fuerza, aunque “ojalá que se encuentre una forma no violenta” para moverlos.
Dijo que analizan presentar también una demanda de amparo contra el Ejecutivo, por lo que trabajan con abogados para que “esté bien sustentada, porque el Poder Judicial debe dar respuesta en no más de 72 horas, pero si no está bien planteado se rechazaría, por eso se va a diseñar un amparo que pase las pruebas”.
Declaración en ceros. Solana advirtió que si la autoridad no ofrece una exención de impuestos a todos los empresarios que sufrieron pérdidas por falta de ventas por los bloqueos de los integrantes de la CNTE, pueden presentar sus declaraciones en ceros e iniciar paros a partir del próximo 17 de agosto.
Los empresarios que pueden presentar su declaración en ceros son de la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán. “No estamos incitando a hacerlo, pero sí las vamos a respaldar”, dijo.
Es necesario, dijo, que de forma precautoria, no se les regresen las cuentas embargadas ni los bienes inmuebles a los dirigentes de la CNTE, para garantizar parcialmente los graves daños y perjuicios ocasionados a los comerciantes y que hasta hace unos días ascendieron a apoximadamente 7 mil 500 millones de pesos.
Advirtió que en los próximos días van a imponer ante las autoridades judiciales competentes juicios de amparos contra las acciones de la Coordinadora y contra las omisiones de las autoridades municipales, estatales y federales por no proteger los derechos humanos.
Pidió que se les exente a las empresas del pago de Impuestos Sobre Nómina, del Impuesto Sobre la Renta, del IMSS y del Infonavit, hasta que se regularice y recupere la situación de las empresas y personas físicas con actividad empresarial.
Pidió que se detengan de manera inmediata las acciones violatorias de los derechos humanos que realiza la disidencia magisterial.
