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Como resultado del comportamiento de la actividad económica en el segundo trimestre, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) corrigió sus estimaciones del PIB de 2.2% a 2% para 2016.
El organismo consideró que la disminución de la actividad productiva en México, principalmente entre mayo y junio, se derivó por las implicaciones que tuvieron los bloqueos, la destrucción de equipos y saqueos por los movimientos sociales que se registraron en el sureste del país.
Esa situación hizo que el Inegi anunciara, el viernes pasado, que el Producto Interno Bruto (PIB) preliminar al segundo trimestre del año registrara una tasa de crecimiento negativa de 0.3%, con relación al trimestre inmediato anterior.
El resultado derivó de la baja del sector primario y de la actividad manufacturera que refleja debilidad del sector exportador y el nulo avance de las actividades terciarias.
El CEESP consideró que la actividad económica que se registró en el segundo trimestre del año permite estimar que el crecimiento puede estar más cerca de 2%. Una cifra menor al 2.3% que estimó para el PIB de México a principios de año.
Consideró necesario “incrementar la inversión para estimular un mayor ritmo de crecimiento, lo que requiere de un ambiente en el que predomine la certidumbre sobre el respeto al Estado de derecho y por lo tanto, autoridades capaces de hacer cumplir la ley”.
No obstante, la realidad actual es que hay aumentos en los costos de los proyectos de inversión por los niveles de inseguridad, impunidad y corrupción, porque éstos suben el riesgo.
En México hay un evidente incumplimiento del Estado de derecho que frena el crecimiento económico y reduce la generación de empleos.
En el Análisis Económico Ejecutivo semanal, los economistas del CEESP aseveraron que no basta con las medidas financieras que se implementaron por el gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica, el otro pilar de la estabilidad es gobernar con la ley. Sin embargo, “está en duda” la aplicación de la ley “no hay señales de resolver el desgobierno que vivimos”.
De acuerdo con el documento del CEESP, que dirige Luis Foncerrada Pascal, “para lograr un crecimiento económico sólido y sostenido que propicie la creación de empleos formales y mejor remunerados, es necesario brindar certidumbre a las inversiones asegurando el cumplimiento de la ley, por lo que es fundamental fortalecer el Estado de derecho y gobernar”.
“Operar en un ambiente como este, amparado en elevados niveles de impunidad, genera costos considerables que en muchos de los casos llevan a las unidades productivas a tener que cerrar sus operaciones ante la imposibilidad de hacerles frente, o en el mejor de los casos a cambiar su ubicación”, advirtió el CEESP.
