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Dimensionar la pobreza y la desigualdad implica recurrir a métodos estadísticos de medición, que dada la trascendencia del fenómeno a nivel mundial, han sido diseñados y protocolizados por instituciones especializadas y avalados por organismos multilaterales, en particular la ONU.
Entre los métodos más utilizados destacan las encuestas de Ingreso-Gasto de los hogares la cual obtiene, por un lado, información sobre los ingresos percibidos por los componentes de un hogar, en sus diferentes fuentes y por otro el destino que en forma de gasto le dan a esos recursos.
En México, el organismo encargado de aplicar estas encuestas desde 1984 es el Inegi, institución que recientemente adquirió su autonomía de gestión con el objetivo de no ser sujeto de presiones de ninguna índole en la ejecución de su mandato.
En días pasados se generó una polémica respecto de los resultados del Módulo de Condiciones Socioeconómicas MCS 2015, una encuesta previa a la ENIGH que se aplica desde 2008 que permite conocer a detalle el nivel de ingreso de los hogares y las condiciones y el acceso que se tiene a satisfactores como salud, nutrición, educación vivienda, entre otros.
La polémica surgió de la decisión del Inegi de introducir procedimientos más estrictos para obtener una mayor y mejor respuesta, sobre todo para el caso del ingreso. Sin embargo, el ejercicio arrojó valores que, en comparación directa con anteriores encuestas, resultaron superiores rompiendo de alguna manera la tendencia que se venía registrando, es decir, el comportamiento histórico.
Cabe señalar que las modificaciones, a decir del Inegi, se realizaron en el proceso de recolección de la información, lo que en principio no significa una nueva metodología, ya que no se modificaron ni el tamaño de la muestra, ni los reactivos del cuestionario (mismo que se dio a conocer al Coneval), ni los ponderadores u otras dimensiones del cálculo.
El error ha sido no dar a conocer en su momento y hasta ahora con mayor precisión la introducción de estos procedimientos lo que ha generado la polémica; es importante que se haga y se evalúen y en su caso se avalen estos procedimientos. Pero tratar de perfeccionar la efectividad de un ejercicio estadístico buscando obtener mejores respuestas, no es para nada criticable ni mucho menos descalificable.
El Inegi es la institución encargada de mantenernos a los mexicanos y a los interesados informados plenamente, su credibilidad por tanto no debe ser cuestionada ni por comentarios de periódico ni mucho menos por verdaderos especialistas. En este caso aplica la vieja conocida sentencia: La mujer del Cesar no sólo debe ser casta, sino que debe parecerlo.
Ahora bien, aun cuando suene a verdad de Perogrullo, la validez de la sentencia es indiscutible: “Cualquier política pública debe ser evaluada en su gestión e impactos, para que sea realmente efectiva”. En particular, la política social, requiere en su diseño, su instrumentación y su evaluación, de indicadores cuya precisión y congruencia temporal permitan la mayor objetividad posible.
El diseño de una política social efectiva, implica tres características: su objetividad, su focalización y su eficiencia. Cabe aquí señalar que los vicios que se perciben en la aplicación de la política social en México, se hacen más evidentes si consideramos que la economía está creciendo (si bien no a su potencial) y la cantidad de recursos que se han destinado a esta labor, y se comparan con los magros resultados que se han obtenido, ya que no ha disminuido ni la pobreza ni la desigualdad, descansan en gran parte en que no se han concatenado las tres características mencionadas.
Lamentablemente, las razones son meramente políticas; por ejemplo, la focalización se pierde cuando se recurre a subsidios generalizados, los cuales sólo consumen los recursos diluyendo los efectos reales en la reducción de la pobreza; pero más sensible es la falta de objetividad cuando se utilizan los programas, las transferencias y las intervenciones no para combatir la pobreza, si no para crear y mantener clientelas que representan votos. Es un error politizar la pobreza, porque se convierte en mercancía política.
Retomando el tema de la medición, si debemos decir que cuando se trata de declarar los ingresos, generalmente todo mundo miente. Ante ello, es necesario que se obtenga la mayor veracidad en las respuestas.
Las instituciones son las responsables de representar a nuestro país y a nosotros como mexicanos y su credibilidad por tanto no debe ser cuestionada sino que debemos aportar en los buenos resultados. No cometamos el error de politizar la pobreza.
Presidente de Consultores Internacionales S.C.
