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maria.saldana@eluniversal.com.mx
Cancún, QRoo. Los recortes al gasto público deben implementarse en la medida que caigan los ingresos públicos, a fin de garantizar la estabilidad macroeconómica y mantener las finanzas públicas manejables y sin desequilibrios, dijo el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría.
Para el ex secretario de Hacienda de México de 1998 a 2000, los anuncios de ajustes al gasto hechos por el gobierno fueron una “reacción” a tiempo.
Incluso, consideró que los precios del petróleo mexicano, que actualmente se cotizan en alrededor de 40 dólares por barril, pueden dar mayor estabilidad presupuestal.
En entrevista con EL UNIVERSAL, afirmó que hay finanzas públicas “estables” y el tamaño de la deuda externa puede pagarse con las reservas que existen en el Banco de México.
Dijo que la actual paridad cambiaria de más de 19 pesos por dólar no debe asustar al país, porque es momento de ver oportunidades para exportar, como lo hacen otras naciones como Japón.
En la entrevista, realizada durante su participación en la Reunión Ministerial de Economía Digital, innovación, crecimiento y prosperidad social de la OCDE, dijo que “el ajuste al gasto no es un objetivo sino una respuesta a una realidad brutal, contundente e inevitable, por el hecho de que los ingresos públicos han caído. Si uno no quiere aumentar los impuestos o el déficit se tiene que recortar el gasto en forma proporcional a la caída de los ingresos”.
Cuando se tienen que aplicar recortes “nunca” se sabe si fueron suficientes porque se hacen en la medida en que se reducen los ingresos.
José Ángel Gurría recordó que durante su gestión como secretario de Hacienda, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, tuvo que realizar cuatro recortes presupuestales.
En lo que va de la presente administración también se registran cuatro recortes al gasto público, que acumulan 528 mil millones de pesos.
El primer ajuste se dio el 30 de enero de 2015, por 124 mil 300 millones de pesos; el segundo fue el 8 de septiembre del mismo año, por 97 mil millones; el tercero se realizó el 17 de febrero de 2016, por 132 mil millones y el cuarto el 1 de abril, por 175 mil 100 millones.
En lo visto en estos periodos de caída de los precios del petróleo y de volatilidad de los mercados “el gobierno mexicano reacciona con oportunidad, con la dimensión, la anticipación y señales correctas a este fenómeno y diría que debemos felicitarnos de que así sea”, opinó el secretario general.
Sin embargo, expresó que el gobierno no debe bajar la guardia en materia de reformas, en donde debe hacer “la reforma de la reforma y después de eso más reformas de las reformas. Es el único camino”.
México viene de muy atrás, y debe mantener el ritmo de cambios, porque la mitad de la población vive en pobreza, una cuarta parte de los mexicanos en extrema pobreza y de los más bajos en productividad de los 35 países miembros de la OCDE.
Adiós a paraísos fiscales
A partir del próximo año va a operar un nuevo mecanismo de avisos sobre operaciones bancarias de ciudadanos en el extranjero en el que participan 134 países, mencionó el secretario general de la OCDE.
Gurría Treviño dijo que a los gobiernos que firmen el acuerdo se les van a dar avisos sobre operaciones de personas en paraísos fiscales o en países donde los impuestos son menores.
“El intercambio automático de información fiscal avisará a los países si un ciudadano abrió una cuenta en otro país, el banco le dice a la autoridad tengo un mexicano que acaba de abrir una cuenta, depositó 100 mil dólares, por ejemplo y la autoridad en automático le avisa a México. Y eso viene el año que entra”, indicó.
En este mecanismo participan los 35 países de la OCDE y otros que se sumaron, como lo hizo Panamá, que “entendió que no podían estar expuestos a este tipo de daño a la reputación del gobierno por algunas firmas como Fonseca y quizá por la tolerancia de gobiernos previos y lo que han hecho es que van a adoptar el intercambio de información automático”.
Otra de las acciones en que se trabaja es en un mecanismo para evitar la erosión de la base gravable, es decir, cuando las utilidades se la llevan los grandes corporativos a países de baja tributación para no pagar impuestos.