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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) va a contar a partir de julio con una nueva unidad responsable de la aplicación de la Ley para crear las zonas económicas especiales en el país, manifestó el director general de Banobras, Abraham Zamora, quien anunció que la institución comienza a trabajar con un seguro para mitigar los riesgos sociales y políticos en sus proyectos.
“La ley prevé que todas las facultades de regulación e implementación las tiene la Secretaría de Hacienda y se está evaluando que forma tomará la unidad responsable de estas actividades y estaría en funciones a más tardar al inicio del segundo semestre”, dijo luego de inaugurar el octavo foro nacional IMEF de Infraestructura.
A partir de esta nueva instancia se van a comenzar a crear las primeras zonas económicas especiales en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Puerto Chiapas; Salinas Cruz en Oaxaca y un corredor petrolero, señaló.
Después, los estados ubicados en esas zonas, pueden comenzar a firmar las cartas de intención en los cuales se plasman los compromisos que adquieren para echar andar la Ley.
El director de Banobras comentó que en 2017 se pueden estar firmando los convenios de coordinación con los gobiernos locales para detallar los planes de desarrollo específicos en cada zona económica especial para instalar el Consejo Técnico.
Estimó que para el cierre de 2018 estén en función las zonas económicas especiales.
“La intención es que a finales de la presente administración este modelo esté plenamente funcionando”, manifestó el director de Banobras.
Impulso a obras. Durante la conferencia magistral que ofreció ante Ejecutivos de Finanzas de empresas privadas, destacó la importancia de impulsar obras de infraestructura.
Sin embargo, dijo que es importante generar las condiciones adecuadas para la inversión. Refirió que bajo la figura de Asociaciones Públicas-Privadas sólo se han desarrollado más de 100 proyectos y con la reforma sólo algunos como hospitales.
Destacó que Banobras va a trabajar en sus proyectos con garantías de conflictos sociales y riesgos políticos con el Banco Mundial, a través del organismo multilateral de garantías de inversión, para evitar el retraso de obras como ha sucedido en un parque eólico en Oaxaca.
“Esto permite mitigar riesgos de carácter social y carácter político con esta agencia especializada del Banco Mundial, lo que hemos hecho es que México se adhirió y estamos empezando a analizar qué tipo de productos que pueda responder a los proyectos”, informó.
Señaló que entre los riesgos de tipo social están consultas a la población, cuestiones ambientales y daños a comunidades indígenas que pueden retrasar o detener proyectos.
Ahora que vienen varios proyectos energéticos son esenciales para su agilización, afirmó.
