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Este domingo se dio a conocer una nueva filtración de archivos en la que presuntamente empresarios, contratistas, actores y políticos aprovecharon los paraísos fiscales para realizar transacciones millonarias sin que fueran detectadas por las autoridades hacendarias del país.
Documentos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio cuenta que varios personajes convinieron tratos con la firma de abogados panameña, Grupo Mossack Fonseca, gran proveedor de compañías de offshore en el mundo.
Según el reporte, los clientes de esta compañía se apoyaron en ésta para desviar su patrimonio a paraísos fiscales.
En la lista de la investigación destaca Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa e investigado por la Función Publica por los casos de la llamada Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto y de la residencia de Malinalco, Estado de México, del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
La información data que el empresario buscó movilizar dinero a través de distintas redes financieras en varios países.
La filtración incluye a personajes de las dos principales televisoras de México. El vicepresidente de Finanzas de Televisa, Alfonso De Angoitia, se encuentra involucrado de haber realizado una transacción con Mossack para la compra de un departamento en Bahamas.
Televisa informó a EL UNIVERSAL que “la adquisición de esa sociedad fue pública y transparente. Tan es así que esa empresa quedó inscrita en el Registro Público de Bahamas”.
Televisa agregó: “No encontramos mayor relevancia en el tema, pero estamos atentos por si se requiere mayor información”.
El presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, también aparece entre los presuntos empresarios que han hecho algún trato con la firma panameña para la adquisición de un yate.
La actriz Edith González aparece en la investigación, como beneficiaria de una empresa en Bahamas.
El SAT informó que abrirá una revisión en los casos que sea procedente (leer nota).
“La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de ley”.
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