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maria.saldana@eluniversal.com.mx
La colusión de Bachoco, Pilgrim’s, San Antonio, Tyson, Pollos de Querétaro y la Intermediación de la Unión Nacional de Avicultores, provocó que el mercado del pollo causara daños a los consumidores por 107 millones de pesos.
En un análisis ex post de la industria avícola, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) expuso que las familias de la Ciudad de México pagaron un sobreprecio de 32.4%.
De acuerdo con el estudio, durante 44 días —transcurridos entre 2008 y 2009— los consumidores de pollo pagaron precios mayores provocados por “un pacto entre competidores para imponer un piso mínimo en el precio de este producto”.
Con el análisis, la Cofece estimó el comportamiento del precio si no hubiera existido la conducta y lo contrastó con el real observado por el bien.
La Comisión asegura que hubo acuerdos e intercambio de información entre Bachoco, Pilgrim’s, San Antonio, Tyson y Pollo de Querétaro, con la intermediación y ayuda de la Unión Nacional de Avicultores (UNA). Ello derivó en que se estableciera un precio uniforme en la venta del pollo, específicamente en mercados públicos y pollerías.
En el documento se explicó que el porcentaje promedio del gasto que los hogares mexicanos destinaron a la compra de carne de pollo fue de 7.3%, sobre todo fresco, entero o en parte.
El problema fue que esas cinco empresas se pusieron de acuerdo para vender los productos a ciertos precios del 22 al 31 de agosto y del 1 al 14 de septiembre de 2008. Así como del 9 al 18 de octubre y del 29 de octubre al 7 de noviembre de 2009.
“A través de estos arreglos, el cártel eliminó el ajuste natural de precios que se da en un mercado en competencia cuando cambian las condiciones de oferta y demanda. En el caso del pollo, el precio cambia constantemente incluso en cuestión de horas”, dijo el organismo regulador.
Aunque el caso lo resolvió la Cofece imponiendo una multa de 132 millones de pesos a los agentes económicos y personas físicas involucradas. Los sancionados se inconformaron con la resolución de la Cofece y acudieron al Poder Judicial para interponer, cada quien por su parte, unos juicios de amparo, los cuales aún se encuentran pendientes de resolver.
Los agentes reclaman que hay inconstitucionalidad en la legislación vigente, por extemporaneidad del periodo de investigación, supuestas violaciones procesales durante la investigación entre otras situaciones.
