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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció al Congreso de la Unión por concluir el proceso de aprobación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) porque se fortalecen los principios del Federalismo Fiscal respetando la autonomía de los gobiernos locales.
“Con esta Ley, que respeta la autonomía de los estados y municipios, los principales beneficiados son los ciudadanos, quienes al contar con mayor estabilidad y responsabilidad presupuestaria en las haciendas de sus gobiernos locales, en el mediano y largo plazos verán un crecimiento en la inversión pública y, con ello, en los niveles de bienestar social”, dijo el titular de la dependencia luego de que la Cámara de Diputados aprobó la legislación secundaria.
En un comunicado, la dependencia, destacó que lo que se aprobó es la parte medular la propia Ley de Disciplina Financiera para Entidades y Municipios.
Por eso, Videgaray expresó que “la conclusión de este proceso es resultado del trabajo, profesionalismo y responsabilidad con que los legisladores analizaron, discutieron y fortalecieron la iniciativa original”.
Para Hacienda, la LDF genera un marco legal para fortalecer las finanzas públicas de los estados y municipios del país, a la vez que impulsa un uso más eficiente y ordenado del gasto público y de la contratación de deuda y obligaciones; fomenta la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia, y prevé sanciones para los servidores públicos locales que no actúen con responsabilidad en la gestión de los recursos derivados de los financiamiento.
Recordó que la nueva Ley tiene tres objetivos específicos: establecer reglas de disciplina financiera, de contratación y registro de deuda; reducir los costos de la deuda que contratan los estados y municipios, y moderar el nivel de endeudamiento de los estados, municipios y otros entes públicos locales.
Afirmó que con la LDF se generan reglas específicas de fiscalización y sanciones, toda vez que la supervisión de su cumplimiento no recaerá sólo en órganos estatales, sino que también faculta a la Auditoría Superior de la Federación para realizar esa tarea, al igual que para fiscalizar la deuda avalada por la Federación.
Se tendrán beneficios inmediatos, como la disminución, a través del aval del Gobierno Federal, de los costos de la deuda que hoy pagan los estados y municipios, y por la implementación de procesos competitivos transparentes para contratar la deuda.
Adicionalmente, en el mediano y largo plazos, el balance presupuestario y las medidas de responsabilidad presupuestaria generarán estabilidad de las haciendas locales, incrementando los niveles de inversión pública y bienestar social.
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