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Los compromisos que adquiere México con el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) obligan al país a ajustar una docena de legislaciones a los convenios pactados en los 30 capítulos del tratado.
Una de las modificaciones que se prevé es la Ley de Comercio Exterior en lo que respecta a certificados de origen, con los que un importador demuestra que el producto que introduce a su país fue elaborado en una nación socia, a fin de conservar las ventajas de pagar un arancel preferencial.
Antes estos certificados los daba el país de origen del producto y ahora serán los importadores, dijo la directora de LMM Consulting, Luz María de la Mora.
Al existir nuevas disposiciones en compras públicas, debe de revisarse la Ley de Adquisición y Obras Públicas; el capítulo de propiedad intelectual obliga al gobierno mexicano y a los del TPP a ajustar sus legislaciones.
En servicios financieros hay varias leyes a modificar: la de Instituciones de Crédito, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Instituciones de Seguros.
Lo que se negoció en el TPP por el gobierno mexicano debe reflejarse en la legislación nacional. En los compromisos ambientales y laborales, se debe adoptar un mecanismo por el cual cuando un país socio detecte que otro incumple con un aspecto de trabajo, lo manifieste por escrito.
La Secretaría de Economía aseguró que en el tema de propiedad intelectual, en el referente a sanciones y métodos para evitar piratería de contenidos de audio o video, se va a tener que legislar, materia que le corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y al IFT.