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sara.cantera@eluniversal.com.mx
La modificación a la Ley de Caminos y Puentes que se aprobó la semana pasada, le transfiere a los concesionarios privados riesgos que antes le correspondían al gobierno federal como la liberación de los derechos de vía y los costos asociados a la construcción de la carretera que no se tenían previstos desde un inicio, dijo Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
El presidente de la CMIC destacó que esta modificación a la Ley incrementa el riesgo para las 25 o 30 empresas concesionarias en el país, para poder invertir en el futuro.
Y de aprobarse esta modificación a la Ley en el Senado, algunos proyectos ya contemplados en el Programa Nacional de Infraestructura podrían estar en riesgo de no concretarse, sobre todo los relacionados a autopistas de peaje, derechos en puertos y aeropuertos, y en general todos aquellos que impliquen una fuente de repago, es decir, que no se construyan con deuda pública.
Arballo mencionó que cuando se presenta una propuesta para participar en un esquema de Asociación Público Privada con el gobierno federal, hay costos adicionales que inciden en el factor de riesgo para que una concesionaria decida invertir como el tipo de suelo y los derechos de vía, y si ahora los privados tendrán que asumir esos costos, el factor de riesgo para invertir se incrementa.
"El gobierno tiene que facilitar que las cosas se den, y cuando digo facilitar, me refiero a que den las condiciones. Si alguien va a invertir un peso, tiene que recuperar ese peso y un rendimiento y si le dicen vas a invertir un peso pero quien sabe si lo recuperes, yo me pregunto quién va a querer invertir", dijo Arballo, en conferencia de prensa.
La CMIC agregó que en la Ley de Asociaciones Público Privadas ya está establecida la distribución de riesgos para los inversionistas privados, pero la modificación a la Ley de Caminos y Puentes incrementará los riesgos para los concesionarios de autopistas.
afcl
