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La movilidad urbana es en sí misma un derecho, y debe estar garantizado en un cuerpo legislativo y un marco de legalidad basado en principios básicos de igualdad de acceso y de libertad de tránsito, de tal suerte que al efectuarse los desplazamientos que requieren las personas no se repercuta negativamente en la calidad de vida ni en las posibilidades de desarrollo económico, social, cultural y educativo de la población.
Vivimos en una ciudad extensa, con un problema de planeación, fragmentada y caótica, y los responsables somos tanto ciudadanos como autoridades, ambos por razones de indolencia, incivilidad, estulticia y por su puesto corrupción.
El más claro y vivo ejemplo del mal que nos hemos hecho a nosotros mismos, es el enorme costo en que incurrimos al tratar de movilizarnos por la ciudad, no sólo para realizar actividades productivas, también para el esparcimiento; vivimos una arteriosclerosis en nuestro sistema circulatorio.
El crecimiento sin planeación y orden de la ciudad, aunado a la insuficiencia de infraestructura vial y de transporte y a la ausencia de efectivas políticas públicas de urbanización y desarrollo económico local han llevado a que la movilidad sea un trauma y para los que pueden hacerlo un privilegio más que una acción cotidiana. El caos generado por la suerte de esclerosis vial que vivimos por el número de vehículos que circulan diariamente en las llamadas horas pico, aunado a la paralización que provocan las manifestaciones y bloqueos, tienen un costo enorme para la economía de la ciudad. Estudios indican que al año se pierden 33 mil millones de pesos a causa del tráfico.
La ciudad está mal planificada por la falta de estudios sobre prospectiva urbana y demográfica, por ello acciones como los segundos pisos, las nuevas líneas del Metro o del Metrobús nacen rebasadas. De igual forma, las adecuaciones viales que se proyectan como el deprimido en Mixcoac e Insurgentes, resultan además de mal cabildeados con la ciudadanía, sólo aspirinas para un problema más grande y creciente.
En este contexto, cabe señalar que actualmente se discute qué hacer con el terreno que ocupa el actual aeropuerto; lo fundamental es poner sobre la mesa las vialidades que se necesitará construir para garantizar el acceso a esa zona, que evidentemente tendrá mucha más afluencia de personas y mercaderías que el actual tránsito de viajeros y carga.
Son necesarias acciones integrales que atenúen las llamadas horas pico, con medidas como horarios escalonados para el acceso al trabajo y a las escuelas; limitar número de placas; reducir la necesidad del commuting promoviendo fuentes de empleo en las periferias, así como incentivar un mayor uso del transporte público por parte de quienes tenemos acceso al automóvil. En este último punto, cabe estudiar la posibilidad de asimilar medidas como lo hacen en otras ciudades, con altos costos de estacionamiento e incluso impuestos a la cogestión vial y restricciones para circular en el centro de la ciudad, si bien es un derecho circular en nuestro propio vehículo, son válidas acciones que lleven a que usar el coche sea lo suficientemente caro para no usarlo para ir a la esquina, o sopesar el uso del transporte público como lo hacen ciudades europeas y asiáticas.
Por supuesto, medidas de este tipo implican necesariamente mejorar el transporte colectivo.
La entrada en vigor del nuevo reglamento de tránsito para el Distrito Federal, nos pone de manifiesto que lejos de que tengamos una civilidad vial, las autoridades tienen que materialmente tapar huecos y volverse más estrictas y restrictivas, amén de imponer más sanciones.
Un reglamento de tránsito no debiera ser una catálogo de multas, sino una serie de ordenanzas e indicaciones de cómo comportarse, pero mientas los automovilistas no entendamos que la mayor multa por pasarse un alto, invadir sin precaución vialidades o conducir con una mano en el volante y otra en el celular, es provocar un accidente que lleve a lesiones o la muerte, seguiremos alentando la corrupción y el caos, cancelando así acciones exitosas de coordinación entre autoridades y ciudadanos como lo ha sido el programa del alcoholímetro.
Es evidente que se requieren medidas urgentes, integrales y con visión de futuro para aliviar los problemas de movilidad urbana que tiene el Área Metropolitana. Es necesario actuar ya de manera coordinada en todos los frentes y órdenes de gobierno. Pero también se requiere que los ciudadanos tomemos conciencia que siendo parte del problema, también somos parte de la solución.
* Presidente de Consultores Internacionales S.C.
