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En agosto pasado, el presidente Enrique Peña Nieto presentó las iniciativas de leyes secundarias que prevén la creación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Esta iniciativa busca que las entidades federativas promuevan los principios de responsabilidad financiera y hacendaria a través de cinco componentes: reglas y estándares de disciplina financiera, nuevas obligaciones para contratación responsable de deuda, creación de un registro público único para transparentar obligaciones financieras, un sistema de alertas de deuda pública para Estados y Municipios y obtener créditos con aval de la Federación.
El lanzamiento de esta iniciativa, se efectúa en el contexto de transición de gobierno en nueve entidades federativas: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.
Según cifras de la Secretaría de Hacienda al segundo trimestre del 2015, la mayoría de los estados que cambiarán de gobernador en este año incrementaron en conjunto su deuda 18 puntos porcentuales como proporción de los recursos que reciben del gobierno federal (participaciones), lo cual posiblemente dificultará el panorama para el gobierno entrante.
Al cierre del ejercicio 2009, cuando estas administraciones asumieron el poder, su deuda en conjunto representaba 67.1% de sus participaciones. Al cierre del segundo trimestre de 2015, previo al cierre de su administración, la deuda representó 84.7%, dejando una diferencia de 18 puntos porcentuales. Nuevo León tuvo el incremento más fuerte, su deuda en proporción con sus participaciones se incrementó en 78.4%, ya que pasó de 150.6% a 229.0%. Le siguió Sonora con un incremento en deuda de 23.7% y después Campeche con 20.2%.
De acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda realizada por Parametría, el tema del endeudamiento estatal y municipal es conocido por 75% de los ciudadanos. En donde 56% de lo entrevistados tienen la percepción de que la entidad en la que viven está endeudada. A su vez, 53% de la población considera que los mismos estados y municipios deberían hacerse responsables de sus deudas.
Lo que preocupa es la causa del excesivo endeudamiento, la cual se expone en el informe: “La deuda pública de las entidades federativas explicada desde la perspectiva del federalismo fiscal mexicano” realizado por Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, en el cual se indica que el motivo del endeudamiento progresivo de algunos estados y municipios se debe a: la corrupción, la ineficiencia de controles, la poca o nula cultura de transparencia y rendición de cuentas, y a la falta de límites para poder endeudarse.
Lo anterior activará la primera prueba de validez y confiabilidad para la recientemente publicada Reforma Anticorrupción, que pretende regular una mayor fiscalización a los Estados, promover la obligatoriedad de presentar declaraciones patrimoniales y de conflictos de intereses para servidores públicos entrantes y salientes, consolidar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y crear el Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras estrategias.
Ya lo decía en su visita a México el pasado mes de abril, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, cuando mencionó el reto para la administración pública de lograr mayor transparencia en las instituciones, así como fortalecer el estado de derecho y combatir la corrupción.
Esta percepción del funcionario, así como del contexto internacional hacia México, confirma algunas de las cifras del Índice Anticorrupción publicado por la Secretaría de la Función Pública, el cual muestra que 91% de la ciudadanía aprecia como las instituciones más corruptas a los partidos políticos, seguido de la policía con 90% y a los funcionarios públicos con 87%.
El primer paso se ha dado con la Reforma Anticorrupción, ahora el reto para las administraciones que inician su gestión a partir de 2015, será transparentar sus acciones y resultados de gobierno, para lo cual deberían incluir en sus programas de desarrollo, acciones como las indicadas en las directrices de gobierno corporativo para el sector público establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en las que se determinan estrategias para garantizar un marco jurídico y regulatorio efectivo para el sector público, la actuación del Estado, el tratamiento equitativo de los accionistas (ciudadanos y administradores), relaciones con las partes interesadas, acciones de transparencia y divulgación de informes de gobierno y las responsabilidades de los titulares en sector público.
Académico de la UNITEC
