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Ante la previsión de menores ingresos disponibles para el ejercicio fiscal 2016, por primera vez en la historia moderna del proceso de presupuestación, y tras varios años de incrementos, el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) será menor al de un año antes.
Se estima un gasto neto presupuestario que bajará entre 3% y 4% en términos reales respecto a lo aprobado para 2015.
El recorte al gasto será equivalente al 1% del Producto Interno Bruto y el “ajuste al cinturón” se dará más en las áreas de comunicación social de las dependencias de la administración pública federal.
El gasto programable disminuirá cerca de 8% sin considerar la inversión de alto impacto económico y social, en tanto que el gasto corriente estructural no deberá ser mayor a 2% en términos reales respecto al de 2015, en línea con lo planteado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Mientras que el no programable aumentará por un mayor costo financiero y por el incremento de las tasas internas y externas.
El proyecto traerá otra vez el componente de eficiencia del gasto público, la priorización de los apoyos a programas sociales y productivos, continuar con el impulso a la inversión con la participación de iniciativa privada en especial para proyectos de infraestructura; enfocados a cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de los programas que derivan del mismo.
Se introduce por primera vez el enfoque de Presupuesto Base Cero como una herramienta para simplificar procedimientos presupuestales y asignación de recursos de forma eficiente. Como parte de esta propuesta base cero, se realizó una evaluación del costo-beneficio de los programas gubernamentales en lugar de sólo analizar el aumento o reducción de recursos.
Con ello, se facilitó la transparencia de los diversos rubros de gasto para la toma de decisiones estratégicas.
Se evaluaron programas, fijaron objetivos para la conducción de las políticas públicas clasificando los rubros de gasto de acuerdo con su orden de importancia mediante costo-beneficio.
Se identificaron complementariedades, similitudes o posibles duplicidades en proyectos y estructuras. Priorizaron programas presupuestarios de conformidad con las metas nacionales y con base en su desempeño.
Establecieron criterios adicionales para la prelación de programas y proyectos de inversión con base en la mayor rentabilidad social y económica, y se buscará promover mayor participación del sector privado en los esquemas de financiamiento.
También tocará a la burocracia. La reingeniería del gasto público para el próximo año implicará una revisión a la nómina de las dependencias de la administración.
Según versiones de funcionarios involucrados con el ajuste presupuestal, se realizó una propuesta en la que se recortarán los gastos personales de representación, así como una reducción de áreas, como comunicación social.
Se trata de un presupuesto austero con toda una reingeniería, que de acuerdo con el Ejecutivo, así se enfrentará la volatilidad económica-financiera y la desaceleración en ciertas economías mundiales.
Respecto a la contracción del gasto, en el conocido capítulo 1000 de Servicios Personales se planteó una disminución en las remuneraciones al personal de carácter permanente, transitorio, adicionales y especiales. Y pagos de estímulos a servidores públicos y previsiones para servicios personales, de acuerdo con fuentes del sector.
Ello significó que algunas dependencias hicieran un bosquejo de recorte que pudiera tocar a uno de cada 10 empleados, aunque en otros casos fue entre 5% y 10% de la plantilla laboral. Además se habló de cerrar en definitiva las plazas vacantes que tengan, algo que posiblemente se concretará.
El Ejecutivo ya definió los programas o entidades que se fusionarán, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Economía Social —creado hace tres años y que en este año contó con 2 mil 500 millones de pesos de presupuesto—, dejará la Secretaría de Economía y se llevará a Desarrollo Social.
Lo mismo ocurrirá con programas que estaban en otras secretarías que se dedicaban al apoyo en sectores marginados, los cuales se trasladarán.
En el caso del área de comunicación social, se proyectó reducir el número de empleados, pues las secretarías manejarán la información y difusión de los organismos descentralizados, es decir, habrá una cabeza y ya no tendrá cada programa, sistema o instituto su propio departamento, expusieron las fuentes que pidieron no ser citadas.
La simplificación también implicará eliminar 87 programas del sector público —como ya lo publicó EL UNIVERSAL el pasado 3 de julio de 2015—, de esa cifra 51 ya no contaban con presupuesto para 2015, y los 36 restantes tenían un monto de 40 mil 808 millones de pesos para el año en curso, cifra comparable con 0.25% del PIB.
