Casi tres años de gobierno, cuando los resultados deben comenzar a ser evidentes para la sociedad. A estas alturas ciudadanos y empresas deberían tener en claro el rumbo y la magnitud de las acciones emprendidas.
Hoy, en México, no es necesariamente lo que esta pasando. Más allá del decálogo del Tercer Informe se tendría que dar continuidad a los esfuerzos institucionales que el propio gobierno ha emprendido. Durante la primera etapa de la administración se aprobó la Ley para el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.
En la arquitectura de dicha ley falta un paso por dar, y es el programa especial que ahí se describe. Sin dicho eslabón falta la política pública que permita implementar la nueva legislación.
El cambio planteado no es menor, ahí se reconoce a la política industrial, el fomento económico, el desarrollo regional y sectorial como parte esencial de la estrategia que se debe impulsar para alcanzar un mayor crecimiento económico, ese que durante tres décadas le ha faltado a México.
Sin el programa especial que debe elaborarse la nueva ley debe adoptar lo que no ha funcionado, es decir a toda la serie de políticas públicas que no están diseñadas para propiciar bienestar y desarrollo empresarial nacional.
Se debe ser claro y objetivo, el crecimiento económico de los primeros dos años y medio del actual gobierno solamente alcanzo 2% en promedio anual. Si bien es superior al de los dos gobiernos previos no alcanza a superar al de Ernesto Zedillo, cuando ya se había suscitado la peor crisis en 60 años.
México ha intentado generar mayor crecimiento económico bajo las reglas de la OMC, el TLCAN, la OCDE y los tratados con la Unión Europea y Japón.
En los hechos tiene acuerdos comerciales con las naciones más poderosas del planeta, el llamado G-7, y eso no ha sido suficiente para enfrentar el entorno competitivo que la economía global le impone.
No ha existido transferencia de tecnología, generación de innovación propia, encadenamientos productivos que permitan pasar de la maquila a la manufactura de valor agregado con alto contenido nacional. De hecho nuestro sistema educativo sigue desvinculado de las necesidades del sector productivo.
Los micro negocios y pequeñas empresas no tienen un sesgo productivo, la abrumadora mayoría son de subsistencia, nacieron para enfrentar a la desocupación y tienen un perfil informal.
México se integró a las cadenas globales de valor pero se desintegró hacia el interior. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Zacatecas son ejemplo de pobreza y marginación, es más fácil que las exportaciones de automóviles, computadoras y pantallas planas se dirijan a otros países que a las zonas pobres del país. No hay mercado para ello.
Evidentemente que los negocios establecidos en dicho lugar tampoco pueden exportar o siquiera llevar sus productos a otras ciudades del mismo país.
México no puede seguir operando bajo la misma lógica, por eso es importante construir políticas públicas que vayan más allá, el fomento productivo es necesario. Debe corregirse la ausencia del programa especial para impulsar la productividad y en el Tercer Informe.
El gobierno mexicano tiene la oportunidad de cambiar de fondo la realidad productiva de la nación, para ello debe implementar una política integral orientada al desarrollo industrial.
La puesta en marcha de las Zonas Económicas Especiales es algo esencial, pero requiere un marco legal adecuado, ahí entra el programa especial antes citado.
Le debe dar orientación industrial y garantizar que la banca de desarrollo retome el papel que le corresponde en el fomento económico y productivo de México.
Intentar obtener mejores resultados con los mismos esquemas de ayer no funciona, los últimos treinta años son la mejor muestra de ello. El país debe pasar de administrar la austeridad y crisis al de generar crecimiento y desarrollo.
Director del Instituto para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Industrial
