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Tal y como se prometió, se dieron a conocer dos semanas antes de la segunda licitación de la Ronda Uno, los valores mínimos de los contratos de producción compartida en aguas someras del golfo de México, en los que el gobierno pretende pedir entre 30.2% y 35.9% de utilidad para el Estado, es decir, menos de 40% de la primera subasta en la que no obtuvo los resultados esperados.
La Secretaría de Hacienda explicó que los valores mínimos establecidos implican que, considerando todos los elementos económicos incluidos en el marco contractual y tributario, el Estado recibirá la mayor parte de las utilidades totales asociadas al desarrollo de las áreas licitadas.
Se trata de los cinco contratos para nueve campos de la región en el litoral de Tabasco en aguas someras.
Para la primer área contractual, que incluye los pozos petroleros de Amoca, Miztón y Teocalli, estableció que el mínimo de la participación del Estado en utilidad será de 34.8%. Para el campo de Hokchi será de 35.9%, y el tercero, Xulum, de 30.2%.
Asimismo, para las áreas contractuales donde se encuentran los campos petroleros de Ichalkil y Pokoch, el valor mínimo que se pide es de 33.7% y en Misón y Nak de 35.2%. La convocatoria para esta segunda licitación se lanzó el pasado 27 de febrero para que inversionistas presentaran propuestas para participar en estos campos el 30 de septiembre.
Sin embargo, dado los resultados obtenidos en la primera que se llevó a cabo en julio, en la cual sólo se adjudicaron dos de los 14 pozos, las autoridades decidieron cambios en las condiciones para entrar a subasta.
Uno de ellos fue precisamente dar a conocer los valores mínimos dos semanas antes, con el fin de que los interesados prepararan sus ofertas.
Otra fue excluir el compromiso adicional de inversión a los ganadores.
Hacienda recordó que el Estado también recibirá ingresos por la extracción de hidrocarburos a través de otros instrumentos contractuales e impositivos como el Impuesto Sobre la Renta y las regalías básicas.
Refirió que todos los contratos tienen un mecanismo que garantiza que el Estado recibirá cualquier renta extra asociada a incrementos en precios o a descubrimiento de volúmenes mayores a los esperados.
