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Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que luego de una investigación realizada por la Unidad de Responsabilidades, órgano dependiente de la Secretaría de la Función Pública, logró identificar y acreditar la participación en actos ilícitos de personal de su filial Pemex Exploración y Producción (PEP).
La empresa productiva de Estado habría desarticulado un grupo integrado por compañías privadas que venían operando como sus proveedoras y empleados de la petrolera con conflicto de intereses, en un contrato millonario.
Pemex detalló que la Dirección General de Pemex, encabezada por Emilio Lozoya, giró instrucciones desde el inicio de la investigación para brindar todo el apoyo y plena colaboración a la Unidad de Responsabilidades con el propósito de avanzar en el combate a la corrupción y el conflicto de intereses en el interior de la empresa petrolera.
La investigación reveló que el funcionario José Aroldo de Hoyos Morales, que tenía a su cargo la supervisión de la obra del contrato celebrado por PEP con el consorcio Chamsa Grupo Corporativo y Mava Group Inc. venía operando a su vez como socio de la empresa subcontratada Encino Integrated Services LLC, junto con Eduardo Javier Natividad Maqueda, quien además se desempeña como presidente de Mava Group.
El citado contrato consistía en trabajos de instalación de aparejos de tubería flexible y operaciones con equipo de tubería flexible en pozos petroleros de los activos de la región norte, por un importe de más de 100 millones de pesos y de poco más de 21 millones de dólares, sin incluir IVA.
Pemex reveló que no obstante el obvio conflicto de interés que tenía de Hoyos Morales, “no se excusó en intervenir en la supervisión del contrato que benefició a su socio. Más aún, no reportó esto ante Pemex, ni tampoco en las declaraciones patrimoniales que presentó ante la Secretaría de la Función Pública”.
Por ello, la Unidad de Responsabilidades resolvió destituir e inhabilitar por diez años a José Aroldo de Hoyos Morales, y presentó la denuncia penal correspondiente ante la PGR por conductas posiblemente constitutivas de delitos cometidos por ex servidores públicos y trabajadores en activo de la empresa productiva del estado.
Asimismo, se realiza una auditoría a todos los trabajos ejecutados y pagados a la empresa con el fin de deslindar responsabilidades.
tcm
