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Como en otros países en el mundo, las autoridades fiscales federales cuentan con presupuestos periódicos de recaudación, y en el momento en el que se ve afectado y disminuye el objetivo de recaudación, esto indirectamente conlleva la realización de mayores actos de fiscalización al contribuyente cumplido.
La facturación ilícita es una de las principales modalidades en que se da hoy en día la evasión fiscal. Ésta consiste en un negocio basado fundamentalmente en la emisión de facturas apócrifas que registran operaciones inexistentes, y su objetivo es incrementar las deducciones fiscales para pagar un menor Impuesto Sobre la Renta (ISR) y, en algunos casos, incrementar el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), solicitando la devolución correspondiente, y esto a un esquema considerado totalmente delictivo para contribuyentes y asesores.
Las autoridades fiscales se ven afectadas al obtener una menor recaudación fiscal a raíz de este tipo de prácticas, pero éste no es sólo un acto contra el fisco y las finanzas del país, sino también contra los contribuyentes cautivos y cumplidos y contra la profesión contable debidamente organizada.
La emisión de facturas apócrifas es una práctica cada vez más común; pongamos un ejemplo de cómo funcionan este tipo de prácticas ilícitas: la Empresa A factura 10 millones de pesos al año, y consigue facturas apócrifas de la Empresa B por 5 millones; entonces, la Empresa A pagará al fisco 50% de sus impuestos reales.
Este esquema comúnmente es conocido como “Operación Carrusel”, puesto que la facturación apócrifa de 5 millones de pesos emitida por la Empresa B es, a su vez, refacturada por una Empresa C, y así en cadena. Las empresas B y C regularmente son empresas fantasmas con un mismo domicilio fiscal, sin activos o incluso sin personal, y son manejadas por fiscalistas fraudulentos.
Este tipo de empresas nunca enteran sus respectivos impuestos, ya que en un corto periodo —de uno a dos años—, desaparecen o cambian de razón social, complicando a las autoridades fiscales su detección.
Los contribuyentes que recurren a estas prácticas incurren en un delito fiscal grave y son ubicados en la lista negra de EDOS (empresas que deducen operaciones simuladas), además de implicar el pago del impuesto, multas y recargos.
Estamos a favor de que se tomen las acciones contundentes necesarias contra la facturación apócrifa y otras formas de crimen que merman la recaudación de las autoridades fiscales, y recomendamos a los contribuyentes que rechacen y denuncien este tipo de prácticas que son nocivas para el país y para la profesión contable, porque denigran al gremio y afectan a los contadores responsables y comprometidos con el cumplimiento de las disposiciones regulatorias.
Socio de Impuestos y Legal a cargo de la oficina Aguascalientes
Director de Auditoría de KPMG en México
@kpmg.com.mx
