Texto: Mauricio Millán C.
El 2019 inició con dos considerables ajustes fiscales en impuestos federales: la actualización del impuesto referido en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) por conducto de la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2019 y la aprobación del Decreto de Estímulos Fiscales de la Región Fronteriza Norte.
En el caso del ISR, en sus artículos 54 y 135, el impuesto impacta en los ingresos obtenidos por intereses reales pagados a las personas físicas por instituciones financieras; esto quiere decir que quienes ahorran en bancos (u otras instituciones) y ganan un interés real (descontada la inflación) se verán afectados. En 2018 el impuesto ascendió a 0.46% anual, pero para el presente año se pagará 1.04% anual, es decir un incremento de 126%.
La medida se explica, de acuerdo con la LIF 2019, por el alza de las tasas de interés nominales ofrecidas por los instrumentos públicos y privados, así como por la disminución de la inflación mensual interanual observada en el periodo de febrero a julio de 2018. Si bien el impuesto es considerado por la SHCP como un pago provisional por ser acreditable a los contribuyentes que presenten su declaración anual, cabe la posibilidad de enfrentar dificultades al solicitar una devolución; o bien, no ver de vuelta ese dinero para aquellos que no presenten su declaración.
Esta medida poco se ha divulgado por su elevado crecimiento de un año a otro y porque envía una señal contraria a la posición del gobierno federal de no incrementar impuestos federales, así como de incentivar la penetración bancaria en la población. Para ello, vale decir que el 8 de enero se presentó el Programa de Impulso al sector financiero que pretende, entre otros objetivos, integrar a 30 millones de personas al sistema, con la finalidad de continuar con los esfuerzos de bancarización e inclusión financiera entre la población.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, la población entre 18 y 70 años que no tiene una cuenta bancaria es de 41.8 millones de adultos, equivalente a 53% de una población de 79 millones de personas; sin embargo, la aprobación de la LIF 2019 puede representar un freno a la inclusión financiera y un incentivo para continuar con la práctica del ahorro informal.
Una vez más, la búsqueda de una mayor contribución se encuentra en el contribuyente cautivo mediante el alza de tasas impositivas y no en la ampliación de una base fiscal que busque generar mayores ingresos a la federación ¿Cuánto se estima recaudar por este impuesto y, más aún, será suficiente para costear la posible informalidad bancaria que puede traer consigo?
En otro orden de ideas, el gobierno federal publicó con la mejor intención de reducir el índice delictivo, incrementar las inversiones y la competitividad y de paso contribuir a una política migratoria con menores flujos hacia a nuestro país vecino, el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza del norte.
Este decreto es una medida políticamente correcta en materia de fortalecimiento a la competitividad empresarial y del mercado interno. Sin embargo, por ejemplificar sólo el efecto de ISR en personas morales, la integración y la composición de la cadena de proveeduría, tanto nacional como internacional, así como la complejidad fiscal intrínseca, convierten a esta medida en un proceso aún sin resolver por la falta de claridad tanto de quiénes son beneficiados como de los pasos para iniciar la inscripción a dicho programa de estímulos.
Si bien es cierto que el decreto y el SAT presentan los requisitos para calificar como beneficiario, también es cierto que este estímulo deja más preguntas que respuestas y mayor incertidumbre que certezas sobre los compromisos fiscales. Además, queda pendiente de mencionar las acciones que los empresarios aún están por definir para afrontar el efecto de duplicar el salario mínimo general pasando de 88.36 a 176.2 pesos diarios.
A manera de reflexión, es comprensible la necesidad de fortalecer los ingresos presupuestarios considerando nuestra limitada capacidad contributiva y, más aún, cuando la presente administración ha emprendido un fuerte gasto social; sin embargo, la solución está en una reforma hacendaria integral que disminuya la informalidad del país y brinde protección social a los ciudadanos, y no en medidas que afecten a los ahorradores y a los contribuyentes cautivos.
La ejecución de medidas fiscales requiere de planeación e ingeniería institucional, así como que se definan lineamientos y reglas de operación para aplicar con efectividad dicha política pública.