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Mauricio Millán C.
La economía real se sustenta en tres pilares: salud, abasto y energía. La falta de gasolinas ha afectado a los mexicanos por la ausencia de dos pilares: abasto y energía.
El robo de combustible no es reciente. Desde el año 2000 se identificaron 155 tomas clandestinas que, hasta 2010 con 661 tomas, representaban un problema con crecimiento moderado de 15.6% a tasa media anual. Sin embargo, entre 2010 y hasta octubre 2018 se identificaron más de 44 mil 300 tomas (más de 5 mil 530 tomas anuales en promedio), derivando en un crecimiento medio del 44.5% anual.
Las afectaciones económicas son difíciles de calcular, pues considera los costos de reparación del Sistema Nacional de Ductos (que de acuerdo con la ASF, entre 2011-2016 fue mayor a 3 mil millones de pesos), la inversión en mecanismos de control y de programas de atención, y desde luego, el valor de los miles de barriles sustraídos que según el gobierno federal fueron de 30.8 mil a 66.3 mil millones de pesos en 2016 y 2018.
Sin duda, el huachicoleo pasó de ser un problema a una amenaza, y su combate es una necesidad en términos de seguridad energética. Es por ello que el 27 de diciembre se presentó el Plan de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex que pretende erradicar esta práctica; sin embargo, su ejecución presenta resultados contrastantes y controversiales.
La primera fase del programa duró diez días y consistió en el cierre de ductos afectados. En este breve tiempo, de acuerdo con Presidencia de la República, el robo de combustible pasó de 77.5 millones de litros en promedio durante diciembre de 2018 (674 pipas equivalentes) a 13.2 millones en los primeros días de enero (115 pipas); es decir, una reducción de 83%.
En una primera lectura, los resultados son un éxito, aunque el problema está lejos de resolverse porque los ductos están vacíos y no hay gasolina que robar, y porque el problema está en su origen y no en el resultado: no son los ductos, sino la falta de Estado de derecho de inteligencia en Pemex y de poner al criminal en la cárcel. Como metáfora, si éste fuera el tratamiento, de impromptu, se combatiría el robo del autotransporte de carga cerrando las carreteras.
En cambio, esta etapa ha tenido descalabros por la falta de planeación al no considerar los escasos inventarios de gasolina y tampoco las pipas necesarias para sustituir la distribución de los ductos y, consecuencia de lo anterior, por el desabasto real.
El desabasto se presentó en Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México. En 2018, de acuerdo con el Sistema de Información Energética de Pemex y estimaciones para el mes de diciembre, el consumo promedio diario de estas entidades ascendió a 286.3 miles de barriles, 37% del consumo nacional.
La Amegas estima pérdidas por 10 mil millones de pesos por el cierre de gasolineras, y la Coparmex estimó, para tres estados paralizados en tres días, una pérdida de mil 250 millones de pesos. De prolongarse, prevé una pérdida de entre 5 y 10 mil empleos.
Esas cifras pueden estar sobreestimadas o quedarse cortas; lo cierto es que las estadísticas de nuestro país dificultan, ante la inmediatez, medir las pérdidas de la economía real, ya que habría que considerarse desde las ventas de gasolineras y salarios de trabajadores, hasta la merma de productividad expresada en horas hombre perdidas en filas esperando el abasto.
Adicionalmente, es necesario sumar las pérdidas por el encarecimiento de alimentos, la falta de gasolina como insumo en sectores como el agroindustrial o el automotriz y estimar la incidencia en precios y su impacto en la inflación ya alertada por el Banco de México. En resumen, pareciera que se subestimaron los efectos económicos que conlleva la parálisis económica por falta de gasolina.
En contraparte, la medida debió ser estratégica: tener un sistema de inteligencia en Pemex con auditorías integrales, bloquear por zonas y por sorpresa, cerrar gasolineras que venden productos robados, crear un fiscal especializado copartícipe con gobiernos que sancionen y emplear inteligencia fiscal-financiera. Estas y otras propuestas pudieran ser parte de un plan estratégico de ataque frontal al huachicoleo, aclarando que no se dispara antes de apuntar.
En cambio, el cierre de ductos es muestra de una política pública que en escasos días traerá consecuencias aún incalculables a cadenas productivas y a la economía en general. Sin duda, es un ejemplo del impacto de una decisión de Estado que parece no abordar primero la causa (impunidad), para impactar en el efecto (corrupción), lo que los ciudadanos de México esperamos ¿En dónde están los culpables?
Vicepresidente de Consultores Internacionales S.C.
