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Especialistas en temas de política social advirtieron que faltó transparencia en el cambio que realizó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) para recabar la información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas y coincidieron en que se debe fortalecer al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pues dijeron que se encuentra en una situación legal “muy precaria”.
Para Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), consideró que el cambio que realizó el Inegi en la captación de datos “parece haber sido selectivo”, porque se mejora la información de parte de la población, no de toda.
Indicó que el problema de que las cifras no puedan ser comparadas con las de años anteriores es que no se puede hablar de reducción de pobreza de 2015 respecto a ningún año.
“La implicación que eso tiene es que se dificulta saber en qué situación estamos, también si las políticas públicas que se están utilizando son proporcionales al problema y sobre todo si dan resultados”, señaló.
Consideró que, hasta el momento, hubo “una falta de transparencia importante”, en la captación de la información porque los detalles de los cambios no se han dado a conocer en una documentación oficial de carácter amplio, sólo ha habido algunas declaraciones del cambio operativo.
Comentó que la declaración del Coneval donde menciona que la decisión de los cambios fue exclusiva del Inegi, revela una “falta de comunicación”, entre ambas instancias.
En 2001, De la Torre fue parte del grupo de académicos que propuso y calculó la primera medición oficial de pobreza en México, y que antecedió la creación del Coneval.
Posteriormente, coordinó el primer Informe sobre Desarrollo Humano para México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para luego colaborar en la creación de la oficina encargada de la investigación de esta agencia.
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, comentó que con los cambios realizados por el Inegi hay un riesgo de que se le dé un “uso político a las cifras”, pues al no ser comparables los datos los gobernadores pueden decir que hubo una mejora en los ingresos cuando no es así.
Consideró que el Coneval tiene una situación legal “muy precaria”, porque en 2013 se otorgó la autonomía constitucional para este organismo; sin embargo, no existe una ley secundaria, la cual aún no ha sido aprobada por el Congreso de la Unión, que respalde esta determinación.