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El gobierno federal decidió elevar a rango de delito federal el robo de combustibles y sancionarlo con penas de hasta 25 años de prisión y multas por un millón 826 mil pesos, no sólo a quien se apropie de hidrocarburos de manera ilegal, sino a quien lo compre.
Mediante el decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, y diversas reformas al Código Penal, publicado por la Secretaria de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el Ministerio Público Federal perseguirá de oficio a quien no demuestra la posesión legal de hidrocarburos, petroquímicos o activos.
El ordenamiento legal advierte que en caso de que los sujetos involucrados en actos ilícitos sean trabajadores o prestadores de servicio de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores (gasolineros) o servidores públicos de la industria petrolera (como Pemex) o de las instituciones policíacas, las sanciones aumentarán hasta una mitad más de acuerdo con la pena prevista, independientemente de las sanciones correspondientes a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Es decir, si es trabajador de Pemex o de cualquier empresa petrolera que opere en el país o Franquicitario de Pemex o nuevo distribuidor (como se prevé con la Reforma Energética), se aplicaría una sanción de hasta 37.5 años y multas de hasta 2 millones 739 mil pesos.
Además, si el responsable es franquicitario, asignatario, contratistas, permisionario o distruibuidor, se le revocará el permiso correspondiente y en su caso, la disolución y la liquidación de la sociedad.
tcm
