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Aunque el Código Penal Federal impone multas económicas, así como entre seis y 12 años de prisión al espionaje telefónico, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión obliga a las empresas de telefonía celular a un almacenamiento de hasta 2 años de llamadas, mensajes de texto (SMS) y ubicación de los usuarios; vulnerando la privacidad de las más de 100 millones de líneas que hay en el país.
La Ley Federal de Telecomunicaciones permite a las autoridades de seguridad tener acceso a la información de los mexicanos siempre y cuando la soliciten de manera “escrita, fundada y motivada”.
Sin embargo, las empresas de telefonía móvil no tienen bases suficientes para negarse a una solicitud, ya que no se han publicado los lineamientos para que los concesionarios de telecomunicaciones colaboren con las autoridades, documento que sigue pendiente de publicación desde hace un año que la ley fue publicada y que debe elaborar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El instituto fue contactado sobre dichos lineamientos pero habló al respecto.
Así tenemos que durante 12 meses, las compañías de telefonía móvil deben almacenar datos como el nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor; tipo de comunicación, servicios suplementarios o servicios de mensajería o multimedia empleados.
Además de datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número de destino; modalidad de líneas con contrato o plan tarifario; datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación; así como el servicio de mensajería o multimedia y la ubicación digital del posicionamiento de las líneas telefónicas, según el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Esto, con el objetivo de que las autoridades tengan acceso inmediato a dichos datos. Posteriormente, las empresas deben almacenarlos durante otros 12 meses.
Así, toda la información requerida por las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia debe ser entregada en un plazo máximo de 24 horas.
El director adjunto de Asuntos Corporativos de América Móvil, Daniel Tapia, explicó que han tenido que implementar medidas de seguridad para evitar que los asesores de sus centros de atención a clientes den información y subrayó que para estos temas necesitan “más herramientas y dientes”.