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Con los altos niveles de informalidad que hay en México y la falta de esquemas para la edad del retiro para quienes laboran sin prestaciones sociales, para 2050 entre seis y siete de cada 10 mexicanos no tendrían pensión, aseguró Ángel Melguizo, experto para Latinoamérica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Hay una relación entre el número de personas que trabajan en la informalidad en México y las personas que se quedarían sin pensión. Si se considera que actualmente 70% de la gente en edad de trabajar laboran en el sector informal y que hay posibilidades de que baje a 60% en los próximos años, entonces entre tres y cuatro de cada 10 mexicanos podrían contar con una pensión al momento de jubilarse, dijo el especialista del organismo en entrevista.
Los países con mayor problemática son los centroamericanos y Bolivia, luego les siguen México, Perú y Colombia porque tienen niveles de formalidad de 50%, 60% y 70%, y los países con mejores sistemas son Chile, Uruguay, Costa Rica y Brasil.
“Los países que más trabajadores formales tienen son Chile, Uruguay, Costa Rica y Brasil, seguido de cerca por Argentina; vemos los niveles de informalidad más bajo en torno al 30%, pero aún alto para los países. Son los países que mejor se comportan en la formalidad y tendrán una mayor proporción de adultos mayores cubiertos”, explicó.
Se calcula que en 2050 en América Latina habría entre 63 y 83 millones de personas que no recibirían una pensión adecuada al momento del retiro por la ausencia de reformas y esfuerzos por aumentar el empleo en el sector formal y por lograr un mejor acceso a educación de calidad, según el estudio Panorama de las Pensiones de América Latina y el Caribe que presentaron el lunes en Washington la OCDE, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
“Hoy en día en América Latina hay 45 de cada 100 no reciben una pensión y de los que reciben obtienen 10 dólares al día que no es suficiente para que mantengan el nivel de vida que tuvieron durante su vida laboral”, explicó Melguizo.
Por ello, el gobierno debe dar pensiones sociales como una prestación pública que debe tener una institucionalidad para asegurar que se mantenga en los próximos 30 o 40 años, ya que en 2050 habrá tres veces más adultos mayores que ahora.
