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El Plan Nacional de Paz y Seguridad tiene propuestas positivas y negativas. Estos últimos días se han discutido, por motivos obvios, las propuestas negativas. Negativas porque elevan la vulnerabilidad de la población y porque se distancian de las prácticas de seguridad pública en países democráticos.Pero la discusión de las propuestas negativas ha venido en detrimento del análisis amplio del Plan. Se ha dejado de lado la crítica de las propuestas positivas. Éstas que sin ser nuevas (que no tienen porqué serlo) sí son necesarias. En esta nota le voy a informar sobre estas propuestas.
La primera propuesta a mi juicio positiva, pero con reservas, es la que tiene que ver con la tipificación de la corrupción como delito grave. Sé que en esto provocaré a algunos colegas inconformes con esta propuesta, pero daré mis motivos para juzgarla positiva, al menos conceptualmente.
Un delito grave es aquel en el que, en caso de proceder la investigación, el presunto lleva su proceso en prisión preventiva. Aquí mi primera reserva tiene que ver con la legislación en ciernes. Primero, hay diferentes tipos o delitos de corrupción (ej. cohecho, peculado, etc.) Y segundo, hay de actos a actos de corrupción. Por eso, procesos por actos de corrupción en donde el daño no sea cuantioso, no deben llevarse en reclusión. Hay tener inteligencia en la legislación. Y mi segunda reserva tiene que ver con la ejecución. La procuraduría necesita ser impecable en su trabajo, y esto, hoy, es como pedirle peras al olmo. Supongo que el doctor Gertz Manero hará de esto una prioridad. Y es que en temas de seguridad, una cosa es mano firme, y otra mano dura. La lección que China nos enseña en cuanto a la implementación de políticas anticorrupción, es que se ésta efectivamente puede reducirse, pero también pueden cometerse graves abusos en el camino. Específicamente contra funcionarios públicos antipáticos para el régimen (el político que tenga oídos, oiga). En ese país, la mano firme de la anticorrupción fue a veces mal utilizada para neutralizar funcionarios y mandos policiales opositores o que no eran del agrado del régimen. En evitar estos abusos, la procuraduría y el juez tendrán un rol central. Vea mi nota al respecto en: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/carlos-javier-vilalta/nacion/crimen-organizado-y-gobierno-tres-lecciones-fallidas-de-china
La segunda propuesta positiva es la de reformular el combate a las drogas. Pienso que la mayoría coincide en que esto tiene que hacerse. Pero aquí otra vez necesitamos inteligencia legislativa y especificidad por parte del Ejecutivo. Porque si se trata de prevenir el uso y abuso de drogas, necesitamos empezar por prevenir el abuso de alcohol. Sin meter aquí al crimen organizado en la ecuación, el alcohol es la sustancia con la que tenemos más problemas criminológicos. Estudios que hemos realizado nos muestran que alrededor del 35% de los presos en cárceles de la CDMX y EDOMEX, consumieron alcohol unas 6 horas antes de cometer el delito por el que estaban encarcelados (Perfiles Criminales I de Carlos Vilalta y Gustavo Fondevila, 2013). De nuevo, quitando al crimen organizado de la ecuación, la sustancia adictiva con la que tenemos un problema, y serio, es con el alcohol. Si vamos hacia una reformulación de salud pública del problema de las drogas, veamos bien cuál es la sustancia más problemática.
Esto me lleva a otra ver otra propuesta positiva. La recuperación y dignificación de las cárceles. A estas alturas ya es más que claro que las cárceles no son espacios de reinserción social. La tasa de reincidencia es el indicador de éxito o fracaso del sistema penitenciario. Y cuando vemos que el 26% de los sentenciados en cárceles de México, ya han sido sentenciados anteriormente por otro delito (Inegi, 2016), pues podemos ver claramente que la reinserción social no está funcionando. Para los lectores de la CDMX, vale la pena saber que el porcentaje de reincidentes aquí es del 46%. El esfuerzo tendrá que ser mucho mayor en esta ciudad.
Finalmente, en la parte que el Plan considera como de “seguridad pública, seguridad nacional y paz”, puedo rescatar la propuesta de revivir a la política de prevención del delito. La mejor seguridad pública es la que no se necesita. Y esto sólo sucede cuando no se cometen delitos. De esto se deriva que también concuerde en la necesidad de recuperar los espacios públicos, en la definición de zonas de prevención según sus niveles de violencia (pero ahora utilizando bien el Excel, de ser posible), y en la combinación de acciones de prevención con inteligencia policial. He perdido la cuenta del número de años que hemos venido hablando de esto entre colegas y funcionarios del sector, pero conociendo al doctor Durazo, no dudo que intentará una política de prevención federal más duradera y costo-efectiva que la anterior.
En resumen, para mí estas son las estrategias positivas dentro del Plan. Y todas tienen algo en común: que no son utópicas. Pero los planes son deseos. Ahora sigue relacionar estas propuestas con la realidad. Falta ver los programas y los financiamientos. Porque las personas a cargo de mover estas estrategias, ya las conocemos. Al menos a las personas con las que terminan las cadenas de mando.
