En menos de dos meses se elegirán diputados federales, senadores de la República y al siguiente presidente de México. Visto lo reñido de la campaña, y lo sucedido en elecciones anteriores, es fácilmente previsible que se cometerán en estas elecciones un buen número de delitos propiamente electorales, y pienso que nos conviene estar preparados. Primero le comento dos cosas. Uno, que la mayor parte de las investigaciones que ha iniciado la FEPADE ha sido por los delitos de alteración del Registro Federal de Electores, compra de votos y desvío de recursos. Dos, que entre 2012 y 2017, se iniciaron 15 mil 152 investigaciones por delitos electorales (Fuente: SESNSP); casi el doble de investigaciones que por el delito de secuestro, pero menos de la mitad por extorsiones. Es decir, los delitos electorales no son los más acuciantes, pero tampoco podemos decir que sean escasos o sin implicaciones graves.
¿Y por qué no es escaso y sí tiene implicaciones graves?, pues porque si se presenta un número elevado de delitos y los candidatos formulan acusaciones de fraude entre ellos, los resultados de la elección serán atacados en los tribunales, y la competencia electoral podrá derivar en violencia política. Esto es algo que nadie, en su sano juicio, desea. Por eso hay que estar preparados. Liga: https://carlosvilalta.net/gráficos
Recordemos que las elecciones federales de 2006 fueron particularmente reñidas. En la elección para presidente, la diferencia entre el primer y segundo lugares fue de 243 mil 934 votos, o sea, 0.58% del voto total. Bajo la sospecha de fraude, uno de los partidos solicitó la anulación de la elección, argumentando irregularidades durante el proceso. Al final, si bien el Tribunal Electoral admitió la existencia de irregularidades, éste no consideró que pusieron en riesgo los resultados, por lo que decidió validar las elecciones. A esta decisión le siguieron huelgas de hambre, manifestaciones, y el llamado “movimiento de resistencia civil pacífica”, entre otras protestas.
En esa elección la Encuesta Nacional sobre la Protección de Programas Sociales Federales (ENAPP-2006), logró estimar, entre otras cosas, de qué magnitud fue la oferta de compra de voto entre los beneficiarios de programas sociales. La encuesta, elaborada durante los días siguientes a la elección, y representativa en el ámbito nacional, mostró que el 8.8% de los beneficiarios de programas sociales reportó que, efectivamente, se le había ofrecido algo a cambio de su voto.
Por supuesto, se desconoce cuántos beneficiarios de programas sociales habrán, de facto, cedido a esa oferta de compra de voto. Por otro lado, desconozco cuántos beneficiarios de programas sociales habían ese año. Pero ese 8.8%, aún con las dos incógnitas anteriores, y considerando el margen de error de la encuesta, me hace pensar que el talón de Aquiles de aquella elección fue, precisamente, la compra de voto. Este delito no es nuevo, pero esto es lo que más me preocupa ahora: que la compra de voto sea tan grande y la diferencia entre el ganador y el perdedor tan pequeña, que ponga en riesgo los resultados de esta elección.
Estos son datos importantes de saber: ¿cuál fue el perfil de los beneficiarios que reportaron tal oferta o acercamiento para comprar su voto? Eso lo estudié. Y encontré que los beneficiarios menores de 26 años y mayores de 40, con bajos niveles de escolaridad, hablantes de algún idioma indígena, residentes en localidades con alta marginalidad y poca población, pero con mayores niveles de competencia partidista, eran los más proclives a reportar tal acercamiento para comprarles su voto. Esto, claramente, nos habla de un votante con perfil de alta vulnerabilidad al clientelismo (https://carlosvilalta.net/compra-de-voto).
Pienso que, pasando las elecciones, y si acaso éstas se ponen en cuestionamiento, sería de la mayor conveniencia realizar una encuesta similar inmediatamente pasando el día de la elección. El diseño y selección de la muestra serían un gran reto (una encuesta no es una elección y viceversa), pero tener estas cifras es necesario, y México tiene la capacidad científica para hacerlo. Estas cifras nos responderían preguntas centrales, como qué tan verdaderamente libre es el voto, quiénes son las víctimas de los delitos electorales y de qué magnitud es la oferta de compra de voto. Pienso que saber todo ésto puede, idealmente, ayudar a prevenir un conflicto postelectoral, o por lo menos, poner sobre la mesa, con evidencias estadísticas, si las irregularidades podrían o no poner en riesgo los resultados. Simplemente preparémonos, al menos estadísticamente.
Investigador (SNI-3). Centro de Investigación en Ciencias de Información
Geoespacial (CentroGeo). @CJVilalta