¿Conoce usted algún problema en este país que sea (casi) 80 veces su gravedad de lo que era hace, digamos, dos sexenios? Pues le comento que sí lo hay: el robo de combustible. El comúnmente llamado huachicol. La velocidad con que ha crecido este delito no tiene comparación. A mi saber, ningún delito en la historia de este país ha crecido como lo ha hecho el robo de combustible estos últimos años.
Entre 2006 y 2018, la PGR inició alrededor de 108 mil investigaciones (averiguaciones previas y carpetas de investigación) por robo de combustible. Digo “alrededor”, porque las cifras oficiales sólo llegan, por el momento, a septiembre de 2018. (Datos disponibles en www.geocrimen.com). Pero lo verdaderamente sorprendente es el crecimiento exponencial que ha tenido este problema público, el cual por cierto se investiga de oficio. Si en 2006 se iniciaron 394 investigaciones, este pasado 2018 lo terminamos con alrededor de 31 mil (mi estimación es de este último año). Por ello le digo que el problema es casi 80 veces lo que era hace apenas trece años; o dos sexenios. En pesos y centavos, éste problema representó en 2018, alrededor de 60 mil millones de pesos en pérdidas para Pemex. Que en realidad es una pérdida para todos. Tenga como referencia que el presupuesto total de la SEP este 2019 será de 300 mil millones de pesos. O sea, que este problema equivale al 20% de la inversión federal en educación.
El presidente nos informó el pasado 4 de enero, que la estrategia del gobierno federal contra el huachicol ya está dando resultados. La estrategia, la cual fue apenas anunciada el pasado 27 de diciembre, ha consistido, hasta el momento, en cuatro acciones básicamente: (1) la investigación y remoción de funcionarios involucrados, (2) el resguardo de instalaciones estratégicas por parte de las Fuerzas Armadas, (3) la vigilancia más intensa de ductos por parte de Pemex y (4) la solicitud al empresariado y a la ciudadanía a denunciar y no participar en la comisión de este delito. No sobra decir que la acción de comprar (o vender) combustible robado está sancionada con una pena de cárcel que puede variar entre 4 y 17 años, según la cantidad de combustible comerciado.
La estrategia me parece buena, hipotéticamente, porque las acciones van directamente a resolver el origen triple del problema: corrupción, robo de pipas y ordeña de ductos, y la participación de la sociedad en este problema. Pero la implementación de la estrategia es otro tema. En este punto habrá tropiezos seguramente.
Pero en todo caso, si la estrategia rinde resultados, que yo pienso que sí, lo más probable es que esto implique una estabilidad en el número de investigaciones iniciadas durante los primeros meses de este año, para irse luego reduciendo eventual y progresivamente. Seamos objetivos y esperemos un año para evaluar si esta estrategia es efectiva. Al respecto, no tengo duda de que será más eficaz resolver el problema desde el lado de la oferta, es decir, reduciendo la corrupción y el robo y ordeña, que desde el lado de la demanda, o a través de la evangelización de la sociedad.
Una nota al calce: si la estrategia funciona, también veremos un efecto positivo en la reducción de la violencia homicida (ejecuciones por parte del crimen organizado) que acompaña al delito de robo de combustible. Así que crucemos los dedos y veamos si el gobierno federal logra reducir la oferta de combustible robado.
Investigador y Miembro del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI-3). Centro de Investigación
en Ciencias de Información Geoespacial.
Twitter: @cjvilalta