Recientemente hemos sido testigos de las lamentables muertes de jóvenes ciclistas y peatones a causa de accidentes viales o la imprudencia de conductores. Estos hechos reviven la urgente necesidad de tener una Ley General de Seguridad Vial que proteja la vida e integridad física de las personas que nos desplazamos a diario por el país y que la sociedad civil ha trabajado e impulsado desde hace al menos cuatro años.
En esta época de transformación sería una gran avance que el Congreso haga lo propio para que pronto tengamos una legislación que reduzca las posibilidades de accidentes viales, prevenir la muerte de 44 personas al día por esta situación y evitar la repetición de casos como el de Emmanuel, arrollado por un conductor de transporte público que se pasó un alto; el de Gabriela, atropellada por un autobús del IPN en la Colonia Roma; el de Patricia quien fue impactada por un auto que circulaba a alta velocidad por el carril confinado del Metrobús cuando intentaba cruzar la calle; o el de un ciclista repartidor que fue embestido por un camión de carga.
Una Ley de General de Seguridad Vial ayudaría a pacificar al país, empezando por convertir a las calles en espacios seguros con reglas de tránsito efectivas para desplazarnos libremente, y los distintos niveles de gobierno deben garantizar tales condiciones. También es primordial evitar una mayor polarización social que continuamente se refleja en frases discriminantes e intolerantes como “fue su culpa por andar en bici”; “son un estorbo”; “a quién se le ocurre pedalear en avenidas grandes”; “debería haber un permiso para atropellarlos”; que evidencian un alto nivel de ignorancia basada en la errada idea de que conducir un automóvil es sinónimo de un alto status social, la cual debemos eliminar del imaginario colectivo porque el espacio público nos pertenece a todos.
La transformación que México necesita requiere implementar políticas públicas de movilidad que tengan como ejes transversales la seguridad vial y el medio ambiente, fortaleciendo en mayor medida de lo posible la educación vial, pero también el diseño de las calles y el espacio público en el que confluimos peatones, ciclistas, usuarios de transporte y automovilistas, el cual debe brindar condiciones de equidad a las personas que diariamente nos trasladamos, sin importar cómo lo hacemos. A este modelo se le conoce como calle completa.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace, han impulsado que los gobiernos adopten esta visión de las ciudades que queremos. Desde hace tres años hemos empujado para que el Eje Central Lázaro Cárdenas, una de las avenidas más largas de la capital del país, se transforme en un ejemplo de calle completa que pueda después ser replicado en otras ciudades.
Sin embargo, la burocracia y la falta de transparencia en la Secretaría de Movilidad en este sexenio, desde sus inicios con Héctor Serrano como titular y al final con Carlos Meneses, impidió que una parte importante de este proyecto se realizara. Pese a tener los recursos destinados para el Trolebici no se logró su implementación. Lejos de tener avances ejemplares, la mayor parte del servicio de transporte público concesionado continúa operando con un parque vehicular obsoleto, altamente contaminante y bajo un esquema hombre-camión que contribuye a generar accidentes. Ojalá que los nuevos vientos que parecen llegar con la administración de Claudia Sheinbaum permitan un cambio en la movilidad para que así dejemos de morir en el intento de cruzar la calle.