Una Constitución del futuro

La Constitución de la CdMx es una Constitución del futuro en muchos sentidos. Independientemente de la composición del Constituyente, 60 electos por votación directa y 40 por designación que provocó la sobre representación del PRI y la sub representación de Morena, nadie puede negarle a ese documento su contenido progresista. Esto, como diría el clásico, no es bueno, ni malo, sino más bien todo lo contrario.

¿Qué se puede entender por Constitución progresista? Es difícil definirlo. En una primera acepción se puede identificar esta forma de pensamiento con la ampliación de derechos, pero hay que ser cuidadosos que esta no se convierta en una mera intención y sólo se quede en un ejercicio declarativo, incluso declamatorio. Entonces, el progresista es aquel que busca para sí y los demás un mayor cúmulo de derechos y esto es aplicable al constituyente, que evidentemente aumentó, en forma significativa, el catálogo de derecho humanos.

En una segunda acepción, el pensamiento progresista propugna por la igualdad social, no la de oportunidades, sino aquella que se identifica con los resultados. Todos los hombres y mujeres deben recibir lo mismo sin atender a sus capacidades particulares, esfuerzo y circunstancia. No basta con que todos tengan el piso parejo -educación y salud- además, deben recibir una renta mínima por el simple hecho de ser persona que habita en un territorio.

En una tercera connotación, los que ostentan posiciones de avanzada prefieren un gobierno limitado -no haya mayor orden que el mínimo indispensable- una policía acotada y cualquier intento de coartar la libertad a decidir sobre su propia persona debe ser combatida. Nadie debe poseer el poder de decidir por otros algo que afecte a sus preferencias, intereses o forma de vida.

En una cuarta, todos deben acceder a servicios públicos de calidad, gratuitos y suficientes, sin importar condición social o económica, los cuales deben ser cubiertos por el gobierno con base en un sistema de recaudación transparente, sustentable, proporcional, equitativo y cierto que facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Además, que se cuide que no haya reducción en el gasto de los programas sociales, ni en el porcentaje que reciban las alcaldías en el año inmediato anterior, es decir, que el gasto público sea creciente como medio para financiar el bienestar colectivo.

Pocas personas, sino es que nadie puede estar contra todo esto y es deseable. Lo que pasa es que éstas características convierten a la Constitución de la Ciudad de México en lo que técnicamente es un documento programático. En algo que se pretende lograr en el futuro, siempre y cuando haya recursos suficientes para financiarlo. Esto es correcto teóricamente, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo transcurrirá para que esto suceda?

Nadie lo sabe. El riesgo es que la carencia de recursos la transforme en el programa político ideal del clientelismo perpetuo. La entrega paulatina y gradual de sus beneficios puede ser un incentivo para los gobernantes en turno para utilizar el gasto social como una forma de conseguir el voto, sobre todo, en un sistema electoral que ya permite la reelección, con salvedad del Poder Ejecutivo local.

Además, es una Constitución del futuro por lo que establecen sus transitorios. La instrumentación de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales (no subordinadas al jefe de gobierno) tienen una ruta crítica hasta el 2022, relacionado con la obligación de destinar el 22% el presupuesto de cada alcaldía a proyectos de inversión en infraestructura.

Entonces, los candidatos al gobierno de la Ciudad de México deben calibrar sus propuestas. En menos de tres años, por mandato constitucional, deben crear diversos órganos como al garante de la gestión integral de riesgos, los consejos ciudadanos encargados de la integración de los órganos autónomos, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la instalación de los juzgados tutelares, las cuerpos de policía de proximidad a cargo de la prevención del delito, la sala constitucional del Tribunal, la transformación de la Procuraduría en Fiscalía General de Justicia, las delegaciones de la comisión de derechos humanos en las alcaldías, el Consejo Judicial Ciudadano, entre otros gastos de estructura, como las consejos de las alcaldías y todos aquellos que deriven de sus nuevas facultades.

La Constitución de la Ciudad de México es para el futuro por dos razones: muchos de los derechos humanos reconocidos están sujetos a que haya recursos presupuestales y sus nuevas instituciones deben preverse en los próximos presupuestos públicos. Afortunadamente este gasto se distribuirá en 4 años por lo menos. Esperemos que haya suficientes recursos para sostener nuestros ideales en beneficio de todos los habitantes de la Ciudad de México, sin distingo alguno.