Desde hace semanas que tengo la intención de abordar temas de impacto social directo como es la universalización de la salud, que ha sido un proyecto acariciado por muchos gobiernos, con algunos avances en los últimos treinta años, pero que todavía persisten profundos rezagos e injusticias.
Las urgencias informativas, como la carta de renuncia-denuncia del Secretario de Hacienda y la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, violatoria del Estado de derecho, elemento básico de la convivencia legítima desde las revoluciones francesas y norteamericana, dejaron a un lado la noticia de la propuesta de creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSB), que pretende sustituir al llamado Seguro Popular, implantado en el 2004.
Primero, hay que señalar que la atención a la salud se lleva a cabo en el sector público de dos maneras diferenciadas: la seguridad social, que es un esquema de pre-pago obligatorio derivado de una relación laboral, primordialmente, o una incorporación voluntaria y la asistencia social, que es el financiamiento de servicios de salud por evento a grupos marginados, cubiertos por el presupuesto general.
La seguridad social implica la creación de reservas (ahorro de largo plazo) que sirven para cubrir la atención médica preventiva y curativa de un grupo de personas en el presente y el futuro, por lo que la aportación para su integración debe tomar en cuenta el gasto operativo anual esperado conforme a una siniestralidad registrada y más los riesgos de salud que ese colectivo podrá tener por los efectos del envejecimiento y el cambio en la morbilidad.
La asistencia social es la canalización del presupuesto a grupos vulnerables para complementar un ingreso precario y atender a la población que no tiene acceso a los servicios privados por el costo o al aseguramiento público.
En el IMSS, ambas estrategias se unen para maximizar la capacidad instalada y la experiencia institucional. Por un lado, se proporcionan servicios de salud a los derechohabientes y, por otro, a través de IMSS Bienestar (antes COPLAMAR, Solidaridad y Progresa) a población abierta.
En 1997 (seguro de salud para la familia) y 2004 (seguro popular) el gobierno federal, mediante el IMSS y la Secretaría de Salud, respectivamente, añadió estas dos formas de aseguramiento de población no derechohabiente del IMSS e ISSSTE para que se integren reservas y se garantice financieramente la atención futura de las generaciones jóvenes de mexicanos, conocido como el bono demográfico.
Un seguro –necesariamente es una institución financiera- es un contrato mercantil aleatorio en el que una personal, la aseguradora, se compromete a cubrir una suma a otra persona, el asegurado, en caso de que ocurra el riesgo protegido a cambio de la entrega de un pago llamado prima.
El seguro social –necesariamente es un institución financiera- que cubre los riesgos de una población, que paga o por la que se paga una cuota, cuando esta sufre uno de los eventos protegidos como es la enfermedad o la maternidad. Con esto se integra una reserva para preservar en el largo plazo al derechohabiente. Actualmente, en el IMSS asciende a 215 mmdp (www.gob.mx/imss) y en el ISSSTE a 97 mmdp (www.gob.mx/issste). Estas reservas son deficitarias por la presión de los gastos médicos de pensionados que crecen geométricamente y el régimen de jubilados y pensionados de los trabajadores del IMSS.
El seguro popular, que sí es seguro, aunque el Presidente diga lo contrario, también es una institución financiera, y, por lo tanto, como cualquier esquema de esta naturaleza constituye reservas (ahorro de largo plazo) para que haya recursos suficientes para atender los riesgos de la población cubierta.
Es popular porque su afiliación es abierta, no condicionada a la existencia de una relación laboral, ni a otro tipo de aseguramiento como es retiro o invalidez y vida. A este seguro se accede cubriendo una cuota, que para la mayoría de las personas, es pagada en su totalidad con los presupuestos federal y estatales, dependiendo el grado de marginalidad.
En ese sentido, no es gasto asistencial puro, sino que pasa por un mecanismo de ahorro y determinación de las condiciones de otorgamiento del servicio. Esto genera un paquete de atención universal con base en un cuadro básico y la oferta efectiva de servicios médicos. Las fórmulas están publicadas para mayor transparencia y la atención se presta en instalaciones federal o estatales públicas tanto de seguridad social como de asistencia pública.
La salud por asistencia social se presta a través de los sistemas federal o estatales de salud, se financia con transferencias presupuestales directas y cuotas de recuperación de la población atendida fijadas por un estudio socio-económico del paciente.
La propuesta de creación del INSB consiste en convertir un seguro en gasto de asistencia social. Por eso, se financiará de lo que se ha acumulado en los últimos 15 años en los fondos de protección social y se convertirá en gasto operativo anual. No habrá previsiones para el futuro (continuará).
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