¿Qué es la revocación de mandato? Es la posibilidad jurídico-constitucional de que un funcionario electo sea removido de su encargo antes de la conclusión del mismo por acciones u omisiones que “redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho” como el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal, las violaciones a los derechos humanos o el ataque a la libertad de sufragio, entre otros supuestos, que son conductas abiertas expuestas a una valoración política.
En ese sentido, el juicio político consignado en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política es una revocación del mandato seguida en forma de proceso judicial ante la representación nacional, correspondiendo a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia, pero que sólo prospera cuando hay una mayoría legislativa calificada (dos terceras partes de los miembros presentes) que consideran el desempeño políticamente incorrecto.
En Estados Unidos, la revocación de mandato es conocida como impeachment, que iba iniciarse contra Richard Nixon y provocó su renuncia anticipada, y es la amenaza con la que los demócratas han amagado a Trump en sus dos primeros años de gobierno. La diferencia con nuestro país es que sólo se requiere la mayoría absoluta para proceder a la remoción del Presidente.
Un órgano representativo –el Congreso de la Unión- ejerce el control político de la actuación del Presidente, los gobernadores y los ministros de la Corte, entre otros, con lo que, en forma indirecta, el pueblo en cualquier momento puede destituirlos por afectar los intereses de la Nación.
Entonces, la revocación de mandato existe en nuestro derecho constitucional desde el siglo XIX. En la Constitución de 1857, se requería de una mayoría absoluta en un congreso unicameral, con lo que el Presidente estaba constantemente con la espada de Damocles en la cabeza y el contrapeso entre los poderes beneficiaba al legislativo.
La revocación de mandato que se ha impulsado en los últimos años, especialmente a partir de la alternancia política, es aquella que implica un ejercicio de democracia directa, es decir, que mediante un proceso electoral, a petición de una minoría de ciudadanos, más o menos significativa, se pone a votación la continuación del mandato de un servidor público electo. Este es un mecanismo de la democracia representativa utilizado en los sistemas parlamentarios, cuando se convoca a elecciones anticipadas.
La Constitución de la Ciudad de México establece la revocación de mandato, como una forma de democracia directa, por una sola vez, con base en la demanda de personas que representen el diez por ciento del listado nominal de electores, y cuando haya transcurrido la mitad del mandato. Esta figura regulada de esta manera es un derecho de las minorías en una democracia representativa.
Lo anterior contrasta con la propuesta de reforma constitucional del gobierno de la cuarta transformación y su partido, en la que la revocación de mandato emparenta más con un plebiscito propio de los regímenes autoritarios. No es un derecho de la minoría, sino un exceso en el ejercicio del poder de la mayoría para ratificar su mandato utilizando el aparato y los recursos políticos y presupuestales a disposición del ejecutivo, con la finalidad de apabullar a los partidos de oposición en las elecciones intermedias. Este ejercicio, en caso de aprobarse por el Senado, procederá, entre otros supuestos, a petición del Presidente y, casualmente, simultáneamente a las elecciones federales y algunas estatales por una supuesta racionalidad económica y una ventaja evidente para el gobierno que violenta la equidad de los procesos.
La revocación de mandato impulsada por Morena tiene como finalidad confirmar la permanencia en el poder, imitando el más puro estilo de las democracias populares que existieron detrás de la cortina de hierro soviética y que sobreviven en Corea del Norte, Cuba y Venezuela.
Esta maniobra disfrazada de democracia participativa es lo que provocó la reacción de los partidos políticos minoritarios, que utilizaron el argumento que en la iniciativa había un eventual deseo oculto de reelección del Presidente, quien lo rebatió rápidamente al más puro estilo de Porfirio Díaz: Firmó públicamente un manifiesto político como los Planes de la Noria y Tuxtepec, que justificaron las rebeliones en el lema sufragio efectivo, no reelección y que luego el dictador no respetó, tal y como lo consigna la historia.
La estrategia parece clara. Primero, hay que consolidar un sistema autoritario basado en una democracia popular, después cualquier reforma constitucional será posible a pesar de que se haya empeñado la palabra ultra honesta ante los medios de comunicación. Al tiempo.